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La Cañada Real Galiana es un espacio jurídico-histórico propiedad del Estado y ha sido desde hace varios siglos una vía pecuaria destinada al tránsito de ganado entre diversos puntos peninsulares a lo largo del ciclo anual. Durante los años 70 del pasado siglo, una modificación en la legislación permitía que a lo largo del trazado de las cañadas reales se pudiesen establecer huertas y pequeñas casas o asentamientos; una dinámica que giraba en torno a una economía rural y ganadera conocida como la trashumancia. Pero las realidades sociales y económicas se transforman, casi siempre planificadas desde las estancias de poder y en base a las necesidades de la clase dominante. A lo largo del siglo pasado la expansión de la ciudad de Madrid y el incremento de su densidad poblacional debido a la gran cantidad de migración interior desde otras provincias, hizo que surgieran asentamientos de infraviviendas en continuo crecimiento al margen de las legislaciones franquistas.
El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos/as y decenas de heridos/as. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. Desde entonces, se han producido múltiples desalojos y derribos en esta zona de Madrid y algunos actos de resistencia.
A lo largo de 15 kilómetros desde Coslada, atravesando Rivas Vaciamadrid, el propio municipio de Madrid (Vicálvaro y Villa de Vallekas), e incluso llegando hasta Getafe, se extiende el terreno habitado conocido como Cañada Real en la Comunidad de Madrid. En las décadas posteriores hasta la actualidad a esa migración interna se han sumado los asentamientos de una numerosa y diversa población Nnativa y extranjera. En la actualidad se estima una población de unos 8.600 habitantes, de los cuales 2.500 serían menores de edad. La historia de la Cañada Real está plagada de intentos y consumación de desalojos en algunos sectores, de la criminalización, represión, estigmatización y vulnerabilización de toda la comunidad social en su conjunto. Esto ha fomentado el continuado apoyo mutuo entre asociaciones de vecinas, que ha sido una de las grandes claves para la supervivencia de la población en la Cañada Real, a lo que habría que sumar la presencia de una veintena de ONGs, concurrentes ante la situación de incumplimiento mínimo de derechos humanos y marginalización social por parte de las administraciones públicas, muchas veces planificado como medida de presión y castigo.
El 29 de junio de 1974, el Boletín Oficial del Estado publicaba una nueva Ley de Vías Pecuarias, que otorgaba al ICONA (Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza) la competencia de custodia y vigilancia sobre las cañadas.
Según el Pacto Regional del año 2017, proyecto que fue redactado entre la Comunidad de Madrid, ayuntamientos municipales implicados, asociaciones vecinales y algunas ONGs; se comprometían a la adecuación de la red eléctrica en la Cañada Real, una reivindicación que venía ya de largo tiempo atrás. Sin embargo, el pasado 2 de octubre de 2020, la empresa privada Naturgy (fusión de Gas Natural y Unión Fenosa) cortó el suministro eléctrico colocando limitadores de potencia en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Esto viene afectando severamente a cerca de 4.000 personas, al ser los sectores más poblados del asentamiento, donde no tienen luz para calentar sus viviendas ni mantener los frigoríficos en funcionamiento. El origen del problema viene de varias décadas atrás, cuando las vecinas de la Cañada Real solicitaban pagar la luz legalmente, pero los ayuntamientos municipales y, la entonces empresa responsable, Unión fenosa, denegaban su regularización como medida para frenar estos asentamientos y forzar su marcha.
El 18 de octubre de 2007 la Cañada Real Galiana saltaba en la opinión pública a través de los telediarios por el violento desalojo y derribo de la vivienda de una familia marroquí, que culminó con nueve detenidos y decenas de heridos. Millones de personas conocieron ese día la existencia de una ciudad precaria a las afueras de Madrid de la que nunca habían oído hablar. Desde entonces, se han producido múltiples desalojos y derribos en esta zona de Madrid y algunos actos de resistencia.
Es evidente que detrás de esta situación actual existen numerosos responsables directos e indirectos, primeramente, la presidencia de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Familia, así como la empresa Naturgy. Estas dos entidades, pública y privada respectivamente, son responsables de generar una situación como consecuencia de decisiones políticas y económicas contra los derechos humanos. Sin embargo, en el complejo entramado político que cualquier administración estatal sostiene y la propia dinámica burocrática salpica claramente a otros niveles oficiales que comparten responsabilidad igualmente. También influye, por ejemplo, que los jueces archivan las denuncias leyendo tan solo los informes presentados por Naturgy, obviando otros múltiples informes sobre la situación de emergencia.
En los treinta y tres años que separan ambos episodios, el número de habitantes de la “Cañada Real” ha pasado de apenas superar el centenar a más de veinticinco mil. Viviendas y cobertizos han cubierto la mayor parte del camino, dejando el espacio imprescindible para una calle central de paso de vehículos. Actividades humanas de todo tipo, desde empresas de chatarra a cría de caballos, pasando por venta de helados, panaderías, restaurantes, centros de culto religioso, talleres mecánicos o consumo y venta de drogas, han tomado el relevo de la antigua trashumancia ganadera. Incluso, el Ayuntamiento de Madrid ha asfaltado los kilómetros necesarios para el paso de sus camiones hacia el vertedero de Valdemingómez. En la actualidad, la Cañada Real presenta un aspecto plenamente urbano, siendo el paso de ganado el último uso que cabría imaginar. El vial ya sólo conserva el nombre de “cañada” como vestigio de lo que fue en épocas pasadas.
Desde el año 2002 se instala el núcleo chabolista de “El Gallinero”, a un kilómetro del trazado de la vía pecuaria y sobre terrenos privados. Lo habita población rumana gitana, sin apenas recursos, con unas condiciones de habitabilidad infrahumanas atenuadas en parte por la asistencia de voluntarios de la cercana Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, entidades como Fundación Imaginario Social, Asociación El Fanal y Cruz Roja, además de servicios sociales municipales y autonómicos.
La Cañada Real ha vivido históricamente en continuada protesta debido a las violencias institucionales que han impedido un desarrollo poblacional calmado. En el año 2007 tuvieron lugar algunos desalojos en el sector 5, en Rivas Vaciamadrid, con respuesta vecinal que derivó en decenas de detenciones y varios vecinos heridos por la policía.
Es en esa década cuando más se ha potenciado la marginalidad social, la vulnerabilización de las familias, convertir en mediática la cara desagradable de la convivencia sin analizar desde una crítica social cuál es el origen de esa situación provocada por las instituciones. Se ha dedicado tiempo y esfuerzo por parte de administraciones públicas y medios comunicativos en trasladar una idea de inseguridad y narcotráfico ligado a la Cañada Real. Toda esa política de represión a gran escala pero de una intensidad baja que no llamase demasiado la atención o que a nadie importase, es la que nos lleva a la situación actual del corte de suministro eléctrico.
En tanto que planes urbanísticos y remodelaciones barriales pasaban de largo sin detenerse en la Cañada, a partir de finales de los noventa creció un mercado de compra-venta informal de parcelas entre primeros ocupantes y nuevos vecinos que, a los pocos años, vivió su particular boom inmobiliario en paralelo al que se desarrolló en el resto del país.
Este mercado de suelo al margen de registros y notarías propició – en un tramo aproximado de un kilómetro junto a la A-3 – la instalación de varios clanes de venta de droga que compraron grandes parcelas a los primeros habitantes a medida que otros enclaves se iban desmantelando en la región.
Numerosas movilizaciones se han desarrollado desde octubre de 2020, en el último tercio de año las asociaciones vecinales de los sectores afectados por los cortes del suministro de luz vieron en el apoyo mutuo y la visibilización de las protestas la única estrategia de resistencia frente a la situación que les estaban creando. De hecho, las primeras movilizaciones tuvieron lugar en los espacios más cercanos geográficamente a la Cañada Real, primero junto a la A-3 donde cortaron el tráfico durante dos horas primero en sentido de entrada a Madrid y posteriormente en el sentido hacia Valencia. Días más tarde se manifestaron ante la Junta de Distrito de Villa de Vallekas, y ya en noviembre se concentraron ante el Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles, con el concejal de extrema derecha Ortega Smith insultándoles. En el mes de diciembre, ante la inminente llegada de la estación invernal y sin ver resuelta una situación que se alargaba por dos meses, hubo dos concentraciones ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid en la calle Maudes, y también en la Puerta del Sol ante la Presidencia del Gobierno autonómico.
A partir del año 2005 el Ayuntamiento de Madrid comienza, en su término municipal, a abrir expedientes de demolición de manera sistemática a muchas construcciones, incluyendo viviendas, de la Cañada Real Galiana. Los expedientes por haber construido sin licencia sobre una vía pecuaria no afectan a todas las construcciones, ni mucho menos, pero sí abarca un número considerable.
La decisión significa un verdadero volantazo en la dirección seguida durante décadas, y los motivos de ese giro, nunca explicados por el consistorio, pueden relacionarse con la aprobación de los nuevos planes de expansión del municipio (El Cañaveral, Los Ahijones, Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros) y que lindan con la Cañada Real, así como la promoción de Madrid como candidata a albergar los Juegos Olímpicos de 2012, primero, y 2016 después.
La intensa nevada que sucedió en Madrid en enero de 2021 puso el foco de atención mediático por primera vez sobre la Cañada Real desde el corte de suministro eléctrico, lo cual indica una absoluta despreocupación por un problema humanitario anteriormente. Este boom mediático fue utilizado por los medios de comunicación desde la frivolización con la que rellenar sus noticias sobre la histórica nevada. Si bien es cierto que la situación de emergencia climática desgraciadamente es la que sacó de su total invisibilización a los pobladores de Cañada Real, que intensificaron sus propuestas, a día de hoy y, tras haber pasado la emergencia más inmediata, se ha vuelto a una situación donde no se ha propuesto una solución definitiva. Ha habido nuevas concentraciones ante la empresa Naturgy en Madrid, delante del Ministerio de Transición Ecológica en el Día Internacional contra la pobreza energética, e incluso la comunidad educativa ha presentado cientos de firmas de docentes de los menores de edad en situación de riesgo en la Cañada Real derivado de esta situación. También ha habido articulación de luchas con otras entidades sociales como la Coordinadora de Vivienda de Madrid, EKO Carabanchel o la Iglesia ‘Roja’ San Carlos Borromeo de Vallekas; tratando de encontrar una organización con otros movimientos sociales anticapitalistas en la ciudad de Madrid.
En enero se denunciaba la primera muerte de una persona mayor de 72 años como consecuencia del frío tras llevar varios meses sin acceso a luz eléctrica. Desde entonces cuatro muertes más en la Cañada Real han estado directa o indirectamente relacionadas con la consecuencia de este corte de luz, que impide una normalidad en la vida de sus habitantes. Además, el contexto de fondo sigue siendo la emergencia sanitaria de la Covid-19, siendo fundamental para evitar su propagación unas condiciones vitales mínimas dignas. A las violencias estructurales perpetuadas se suman las violencias coyunturales y sociales, y aquellas derivadas de una actuación política criminal.
El Ayuntamiento de Madrid ofreció en plena nevada invernal el realojo en una nave industrial, una antigua fábrica de muebles, y en un polideportivo en Cerro Almodóvar; solución completamente insultante para la comunidad social de la Cañada Real. Sus pobladores rechazaron esa supuesta solución porque nunca han solicitado salir de sus casas, tienen hogares y quieren recuperar el suministro eléctrico, no un realojo forzado. Además, se genera una sensación de legitimidad de las administraciones al criminalizar a los habitantes por rechazar una propuesta de solución completamente indigna. Calentarse con estufas de gas o de leña ha conllevado bastantes intoxicaciones y quemaduras; también aparición de enfermedades respiratorias como bronquitis, o sabañones en la piel. La congelación de tuberías dejó muchos hogares sin agua, además, tienen problemas de conservación de medicamentos como insulina, e imposibilidad de conectar oxígeno para pacientes EPOC. Igualmente muchos menores están siendo impedidos del acceso a la educación, puesto que no tienen la posibilidad de asistir a las clases o la formación online. En definitiva, les están abocando a situaciones de sufrimiento psicológico y físico, aislamiento y una mayor exclusión social.
En el año 2012, uno de los terrenos que se valoró por la Comunidad de Madrid para el fallido intento de construir Eurovegas era ocupando parte del territorio de la Cañada Real. Si bien ese proyecto urbanístico no se llevó a cabo, en la actualidad grandes complejos urbanísticos de nueva planta están rodeando a la Cañada Real; estos serían Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Cerro Almodóvar, y Valdecarros. Proyectos urbanísticos vinculados a la cultura del ladrillazo y a empresas constructoras del archiconocido empresario Florentino Pérez (que se vé que le hace falta dinero)
. Este modelo urbanístico es el preferido por el capitalismo por sus altas ganancias para empresas que tienen un oligopolio basado en la especulación inmobiliaria. Sin embargo, la Cañada Real se identifica con todo lo contrario, con la construcción pequeña, comunitaria, e informal. Lo que sus habitantes están exigiendo es lo que muchos otros poblados, que actualmente son barrios populares de Madrid, solicitaban hace cuarenta años: un plan de choque social para la adecuación de viales, del abastecimiento del agua y de la red eléctrica, línea de autobús, servicio de correos; y sobre todo, poner fin a la marginalización social para que el asentamiento pueda desarrollarse según las propias decisiones de sus vecinas organizadas en numerosas asociaciones.
En la primavera de 2009 se alcanzó un acuerdo entre administraciones para la elaboración de una ley para la Cañada Real. A los pocos meses, siguiendo la corriente iniciada por Madrid, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid abrió simultáneamente más de trescientos expedientes de demolición sobre las construcciones situadas en su término municipal. Este municipio está gobernado por Izquierda Unida en coalición con PSOE, lo que explica una política de amagar sin llegar a derribar, que pretende por un lado contentar a un electorado favorable al desmantelamiento de la Cañada (en especial electores de los barrios colindantes).
La crisis económica golpea sin contemplaciones a la población de la Cañada Real. El índice de paro, ya elevado en cualquier barrio, es especialmente alarmante en la zona. Mucha de la población inmigrante masculina, dedicada hasta hace poco a la construcción, sin apenas formación, y dificultades para aplicarse en otros sectores. La imagen que proyectan los medios de comunicación relaciona inseguridad con minorías étnicas, y reduce aún más las posibilidades de acceso al empleo de la población de la Cañada. A medida que las prestaciones y subsidios se van agotando las situaciones personales empiezan a ser dramáticas. Nada de esto impide al Ayuntamiento de Madrid seguir adelante con sus procedimientos de derribo.
La situación actual llama a la movilización, en primer lugar para defenderse de los derribos y buscar la solidaridad entre los habitantes, y en segundo lugar para influir y presionar en el proceso de negociación que, al menos en el papel de la ley, debe producirse entre vecinos y administraciones. Al contrario de lo que a veces cabe pensar, la organización de personas con problemas básicos (como el derecho a la vivienda), no resulta ni mucho menos fácil. Una extendida desconfianza, tras años de penosidades en un entorno de desinformación, la cultura a veces predominante de “sálvese quién pueda”, y las diferencias culturales de colectivos llegados de casi todas partes son obstáculos difíciles de superar. Si en las capas sociales medias y altas se producen luchas por posiciones de poder, en los sectores precarizados y vulnerables, a falta de una izquierda comprometida con su causa, los de abajo compiten entre sí o recelan en un ambiente de gran incertidumbre vital. El resultado es el individualismo, el crecimiento de la diferencia y la xenofobia.
Con todo, la realidad se empeña en demostrarnos que precisamente en la organización del descontento reside un potencial liberador aún por destapar. A través de la cooperación y la movilización sostenida por reivindicaciones justas las anteriores dificultades son superadas al encontrarse unas personas con otras, al ver su situación reflejada en su vecino, al reconocerse como semejantes en un proyecto compartido. Lo que en un contexto de atomización social pueden ser marcadas diferencias de clase, género, raza o religión, en un proceso colectivo legítimo puede transformarse en elementos enriquecedores, integradores y movilizadores.
Desde comienzos de 2011, algunos vecinos vienen organizándose en asambleas y reuniones varias, desarrollando una generosa y difícil labor de encuentro, que empieza a ver algunos frutos en movilizaciones y expresiones de comunicación social (fotografías, murales, radio, vídeo, textos, …). Multitud de personas y colectivos con diferentes vínculos en la Cañada aportan dedicación, análisis y herramientas que sumen a ese proceso. Tímidamente, aunque con raíces cada vez más profundas, la creatividad, la alegría, la humanidad comienzan a aflorar y casi de forma natural se está levantando un barrio nuevo sin necesidad de tirar el que ya había. En una pared cercana a una vivienda derribada se lee “nosotros sólo llegamos, también aquí hay amores, también aquí sentimos”. No se olvida el pasado ni se parte de cero, sino que anteriores episodios y en general toda la memoria de la Cañada se incorpora al presente cargada de nuevos significados.
