COPEL: Una historia de rebeldía y dignidad.

 

“Finalmente, quienes fuimos silenciados, tomamos la palabra”

El 1 de agosto de 1976, los medios empezaron a informar sobre el estallido de un motín en la cárcel de Carabanchel. Los actos de protesta en el centro penitenciario “parecen estar encaminados a mostrar su desaprobación por la amnistía decidida el viernes por el Rey, fundamentalmente prevista para delitos de tipo político y de opinión”, se leía en El País. En la azotea de la prisión se había colocado una pancarta en la que se leía «Libertad»”. Acababa de nacer la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), la organización de los presos sociales que se consideraban igual de víctimas del régimen franquista que los presos políticos de Franco. Reivindicaban la amnistía para todos. “Presos a la calle”, era su lema. Sin distinciones.

 

 

Unos meses antes de que se proclamara la Ley de Amnistía

para los presos políticos (octubre de 1977), los sociales

“toman conciencia de que son víctimas de una situación

injusta”, según el abogado Pepe Galán, y es cuando, en

palabras del preso Daniel Pont, se desarrolla “un movimiento

más o menos organizado para presionar al Estado”. Cualquier

método era válido para la COPEL: pancartas, motines,

autolesiones, agresiones, incendios, etc.

 

Pero la amnistía no estaba entre los planes del gobierno post-franquista, como deja claro Fraga en una entrevista que aparece en el filme. La represión fue escalando. Palizas, torturas e incluso el asesinato de algún interno, como el anarquista Agustín Rueda, métodos válidos para amedrentarles, “para mantener un estado de miedo permanente como forma de control y dominacion”, asegura Pont. Finalmente, la herramienta más útil para sofocar la lucha fue la creación de macrocárceles inspiradas en la prisión alemana de Stammheim, como la de Herrera de la Mancha (inaugurada en junio de 1979), con módulos separados y celdas de aislamiento. Divide y vencerás.

La amnistía, por ejemplo, no se consigue sino después de varios ciclos de movilizaciones callejeras, en enfrentamiento permanente con los antidisturbios y a costa de buen número de muertos.

De la movilización espontánea y autoorganizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para nosotros, surge la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), organización horizontal y asamblearia por la que tomamos la palabra quienes nunca la habíamos tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva.

Desde febrero de 1977 se organizaron diversas acciones reivindicativas, como la jornada de SOLIDARIDAD con los presos hecha en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid el 3 de marzo de 1977.

La acción más sonada fue el motín organizado en la cárcel de Carabanchel el 18 de julio de 1977, durante el cual ocho presos subieron al tejado de la cárcel con una pancarta y el escudo de la COPEL, y cuando entraron los antidisturbios alrededor de 800 presos subieron al tejado llamando Amnistía, mientras otros se cortaron las venas para ser llevados al hospital. El motín fue sofocado cuatro días después y las autoridades trasladaron a los presos que habían subido al tejado en el penal de Cartagena, a los que se cortaron las venas en el penal de Córdoba, y otros en los de Burgos, Ocaña y Dueso. Sin embargo, los motines se extendieron a numerosas prisiones y destacados artistas, políticos y sindicalistas pidieron una amnistía general.

El momento álgido llegó el 13 de marzo de 1978 cuando el anarquista catalán y miembro de la COPEL Agustín Rueda Sierra murió a resultas de las torturas infligidas en la cárcel de Carabanchel. Como resultado del escándalo provocado, el director de la cárcel fue destituido y fue nombrado un nuevo Director General de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que la COPEL organizó un corte de venas generalizado en las prisiones el 10 de mayo.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979, que recogía muchas de las reivindicaciones de la COPEL, la actividad reivindicativa de los presos sociales disminuyó.

 

CHILE, PERSECUCIÓN ANARQUISTAS.

 

Esta detención trae a la memoria toda una historia de persecución a las ideas anarquistas. En este proceso han tenido un rol fundamental los aparatos represivos del Estado, pero también los medios de comunicación dominantes que han criminalizado estas ideas y prácticas, sin siquiera tratar de entender su trasfondo y sentido.

El anarquismo es una filosofía política y un movimiento cultural que busca el fin del modelo capitalista, así como el fin del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Se opone en general a toda autoridad impuesta por medio de la fuerza y al gobierno político entendido como forma de dominio sobre la población. Busca, en última instancia abolir el Estado y el sistema económico capitalista.

Esta filosofía política tiene una larga historia de siglos de pensamiento y acción social, que incluyen un rol destacado en los primeros movimientos sociales obreros de Chile y el mundo. Incluso en la actualidad, una cantidad no despreciable de personas, en su mayoría jóvenes, se ven identificados con las ideas anarquistas. Ellos y ellas son parte de toda una generación que está en extremo decepcionada por los partidos políticos tras el gobierno, así como por las grandes empresas detrás del modelo económico.

El anarquismo ha planteado entre sus valores la autonomía, la horizontalidad, la autogestion y el apoyo mutuo entre seres humanos. Durante el estallido social el símbolo de la A en un circulo, propio del anarquismo, se pudo ver en infinitud de paredes por las calles.

Pese ha ser un fenómeno político y cultural, como se ha expuesto anteriormente, los medios de comunicación dominantes solo lo recuerdan cuando hay bombas de por medio. Esta tradición de los medios en Chile tiene más de 100 años. Un ejemplo de esto fue la feroz persecución represiva contra los anarquistas en 1911 tras la explosión de una bomba en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos en la calle Independencia de Santiago. En aquella ocasión, y sin pruebas el gobierno desató represión contra los grupos anarquistas, por otro lado periódicos como El Mercurio jamas pusieron en duda su culpabilidad.

En los últimos 10 años han existido 4 «casos bombas» en Chile, tal y como los han denominado los medios de comunicación. El primero de ellos el año 2010, en donde los 14 detenidos fueron dejados en libertad por falta de pruebas. El caso en el primer gobierno de Piñera que tuvo a Rodrigo Hinzpeter y el cuestionado fiscal Alejandro Peña a la cabeza llegó a tal grado de ridiculez que tuvo como pruebas incluso un póster de la banda musical Guns N’ Roses. Este suceso fue finalmente conocido como el «Montaje Caso Bombas».

El segundo caso bombas fue en 2013 y se trasladó a Temuco, en donde 12 personas fueron detenidas, quedando en prisión preventiva 3 personas, todas mujeres, que finalmente obtuvieron una pena remitida, es decir no cumplieron su pena en la cárcel, por no representar un peligro para la sociedad. Al igual que el «caso bombas 1», fueron allanadas casas okupa que según el Estado eran centros del crimen, pero que en la realidad solo se pudo comprobar que eran centros sociales y culturales habitados por jóvenes.

El 3er caso bombas fue en 2017, en donde fueron detenidas 3 personas, quedando solamente una en la cárcel hasta la actualidad. En los 3 casos en donde fueron detenidas decenas de personas, solamente quedó 1 en la cárcel, demostrando hasta qué punto la justicia chilena ha sido incapaz de demostrar los «crímenes» de los anarquistas. Pese a que el Estado y los medios han enfatizado en el carácter terrorista y violento de los y las detenidas, de las decenas de bombazos vinculados a estos casos, solamente 1 afecto a civiles, en el lamentable suceso de Escuela Militar en 2014. El resto ha afectado principalmente a entidades bancarias y edificios de gendarmería o carabineros.

En general los anarquistas no parecen ser un gran peligro para la sociedad chilena como afirman gobiernos y medios de comunicación, o al menos no son una que se compare al sistema que hoy existe en Chile. Ese que mantiene a las mayorías bajo condiciones de opresión política y económica, condiciones que hicieron explotar el estallido social.

En estos 10 últimos años decenas de jóvenes anarquistas han sufrido algunas de las prisiones preventivas más largas del sistema judicial chileno quedando, casi todos, finalmente en libertad por falta de pruebas, sin embargo cabe preguntarse ¿cuántos empresarios y políticos que efectivamente han sido condenados por delitos de corrupción y colusión han sufrido estos extensos periodos de prisión preventiva?. La respuesta nos recuerda un modelo que protege a los ricos y poderosos, mientras que suele vincular la delincuencia a manifestaciones de protesta y descontento social.

En Chile hoy se discute la necesidad de cambios profundos al sistema, incluyendo cambios radicales de instituciones como carabineros. Sin embargo, el gobierno tercamente se ha negado, e incluso ha buscado perfeccionar el sistema de inteligencia para poder desplegar de manera desproporcionada a las policías e incluso a las Fuerzas Armadas, en el caso del proyecto de infraestructura crítica. Los partidos políticos no se han quedado atrás, aprobando polémicas leyes represivas como la ley anti-barricadas. El gobierno va en la lógica de politizar la seguridad y la inteligencia en Chile, forzando incluso a las Fuerzas Armadas a jugar un rol en la seguridad interna, tal como se ha visto en el estallido social y en la pandemia. Todo lo que se puede entender como una forma de detener un eventual estallido social 2.0.

Lo que ha sido denominado por los medios como el «caso bombas 4», no parece ser algo que llegue de improviso o que sea una casualidad. El gobierno desata la detención de los anarquistas en un momento en que se encuentra acorralado y debilitado, con una necesidad vital de construir un enemigo interno y legitimarse en base a la represión, no pierde la oportunidad de inventar guerras y batallas, en este caso contra un «enemigo» que sabe será criminalizado rapidamente por los medios de comunicación chilenos, tan acostumbrados a repetir lo que dicen las autoridades, antes de investigar las causas profundas de los sucesos sociales.

CRIMINALIZAR AL ANARQUISMO

 

En el siglo XIX ya se empezó a criminalizar el anarquismo; desde muchos voceros y grupos se hablaba de una “Internacional negra” que había establecido una especia de comité secreto que promovía atentados terroristas en diversos países. El origen de esa supuesta estructura lo ubicaban en el Congreso de Londres de 1881 y a la cabeza del mismo, personajes de renombre como Piotr Kropotkin o Errico Malatesta.

El mensaje era sencillo. En aquel congreso se aprobó una estrategia de enfrentamiento violento contra las instituciones del Estado y se proveía a los ejecutantes los posibles para llevar a cabo estas acciones. Incluso se reunió en Roma, en 1898, una Conferencia Internacional para la Defensa Social contra el anarquismo, que pretendía la articulación de colaboración policial en diversos países (orígenes de la Interpol), bajo el paraguas de esa acusación.

Sin embargo, la realidad distó mucho de lo que se pretendía. El Congreso de Londres de 1881 no estableció ninguna táctica violenta y los datos que conocemos del mismo, y que sirvieron para esta estrategia, provenían de infiltrados de las policías francesa e italiana. Kropotkin, acusado de esta estrategia, condenaba la utilización de una violencia sin sentido, pues como él decía, un edificio de siglos de explotación era imposible derribarlo con unos kilos de explosivos.

Sin embargo, el chivo expiatorio del anarquismo funcionó durante mucho tiempo. Se acusaba a los anarquistas de la inestabilidad interior de muchos países, y con ello se criminalizaba al movimiento obrero, considerándolo un problema de orden público. Se aprovechaba algunas circunstancias de violencia individual o de pequeños grupos para establecer leyes de excepción y represivas contra la libertad de organización.

El anarquismo se convirtió en un comodín. Cuestión que se mantuvo en protestas recientes, como la existencia del “Black Block” en las movilizaciones antiglobalización o el surgimiento de una autodenominada “Federación Anarquista Informal” con epicentro en países como Italia, Grecia y España. En todos los momentos, nada nuevo bajo el sol.

Curiosamente, en los últimos días hemos comprobado cómo ante las protestas y algaradas que se han dado en la calle por las medidas adoptadas por la pandemia del covid, muchos medios de comunicación han vuelto a utilizar el anarquismo como excusa. Un renombrado programa de televisión, a cargo de un periodista que se hace llamar experto en cuestiones de sucesos, decía abiertamente que Barcelona era un epicentro de experimentación del anarquismo internacional. En todas las noticias, al hablar de los perfiles de la protesta, los “grupos anarquistas” aparecían de forma indistinta como organizadores o participantes activos de la protesta.

Da igual que los perfiles de los convocantes en las redes sociales, en su amplia mayoría, tengan una vinculación ideológica con la ultraderecha. El anarquismo funciona a la hora de meter en el mismo saco los perfiles de la protestas. Sin embargo, nadie apunta quiénes son esos “grupos anarquistas”, dónde se coordinan y qué es lo que piensan. El anarquismo fue, es y, seguramente, será un mantra para poder meter una amalgama de ideologías sin conexión ninguna.

Luigi Fabbri escribió un folleto titulado Influencias burguesas sobre el anarquismodonde desgranaba lo que era el anarquismo y lo que algunos apuntaban que era. Y cómo ese discurso de la burguesía sobre el anarquismo había calado, incluso, en algunos sectores libertarios.

Fabbri acusaba que eran los literatos burgueses, los periodistas y personas alejadas del movimiento obrero revolucionario los que habían conferido una imagen violenta del anarquismo. Aunque el anarquista italiano no negaba la necesidad de la violencia en legitima defensa, sí niega la existencia de un “anarquismo violento”, pues doctrinalmente el anarquismo estaba alejado de la violencia. Este interesante texto de Fabbri iba dirigido a aquellos que utilizaban la palabra y el movimiento anarquista, pero también a aquellos que denominándose anarquistas reproducían lo que la burguesía y los movimientos decían que era el anarquismo. En un momento de sus disertaciones sobre la violencia, Fabbri afirmaba lo siguiente: “La violencia, además de estar por sí misma en contradicción con la filosofía anarquista, por cuanto implica siempre dolor y lágrimas es una cosa que nos entristece; puede imponérnosla la necesidad, pero sí sería debilidad imperdonable condenarla cuando es necesaria, malvado sería también su empleo cuando fuese irracional, inútil o se empleara en sentido contrario del que nos proponemos”.

Ciertamente, Fabbri hace un análisis de su momento histórico (insiste mucho en ello en el texto) donde si bien no descarta una violencia concertada inherente a determinadas circunstancias históricas, la pasión por la violencia o la utilización de la misma porque sí eran entendidas como perjudicial para el anarquismo. Al igual que Malatesta, Fabbri consideraba que el fin no justificaba los medios y que son esos medios lo que determinaban un fin. Si tus medios son violentos, tu sociedad será violenta, y ponía como ejemplo el modelo capitalista o el incipiente fascismo.

Cuando alguien se siente fascinado por la protesta por la protesta sin pararse a pensar determinadas cuestiones, estaremos en el punto que Fabbri criticaba a aquellos que se consideraban anarquistas según los parámetros que establecía la burguesía y los reaccionarios. “Anarquistas de derechas” los denomina un buen amigo mío, porque dice que hacen todo lo que la derecha quiere.

Un servidor, que ha participado de movilizaciones por la defensa de la sanidad pública en los últimos tiempos ante los recortes, o cuando organicé la lucha de los afectados por hepatitis c, o cuando rodeamos el Congreso, no logra verse identificado con unas movilizaciones que ve más ultraderechistas que otra cosa, donde lo que prima es un “elogio a la algarada” y el grito “libertad” sin poder entender a aquellos que las justifican.

España ha tenido una serie de transformaciones sociales en los últimos tiempos que no han sido analizadas de forma coherente o reflexiva por los movimientos sociales, incluido el anarquismo. El ciclo que se abrió con el 15M, donde parecía que se podía recuperar determinadas cuestiones horizontales, quedó sepultado, en parte, por un debate sobre si llevar a las instituciones o no a España ha tenido una serie de transformaciones sociales en los últimos tiempos que no han sido analizadas de forma coherente o reflexiva por los movimientos sociales, incluido el anarquismo. El ciclo que se abrió con el 15M, donde parecía que se podía recuperar determinadas cuestiones horizontales, quedó sepultado, porque como siempre se infiltraron los partidos politicos de izquierdas para apropiarse del movimiento.

Aun así, hay que ser optimistas y sentar unas bases de análisis y debate serio. Malatesta decía que para superar una sociedad injusta hace falta las bases y los cimientos de un mundo nuevo. La destrucción por la destrucción es el nihilismo y de ahí nunca se ha sacado nada bueno. No todo está perdido.

La dictadura, titúlese dictadura del proletariado si se quiere, es el gobierno absoluto de un partido o más bien de los jefes de un partido que imponen a todos su programa especial, cuando no sus especiales intereses. Se anuncia siempre provisoria, pero, como todo poder, tiende a perpetuarse y a engrandecer las propias atribuciones, y acaban, bien provocando la rebelión o consolidando un régimen de opresión.

Nosotros, los anarquistas, no podemos dejar de ser adversarios de toda dictadura, cualquiera que sea. Los socialistas, que preparan los ánimos para soportar la dictadura, piensan al menos en asegurarse que vayan al poder los dictadores que ellos desean, pues, si el pueblo está dispuesto a obedecer, hay siempre peligro en que obedezca a los más hábiles, es decir a los más malvados.

 

El sistema de la prisión, quiero decir, de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha la prisión no era un castigo legal: Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas, y no para castigarlas, salvo casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones, como sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. Después de una estadía en la prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a las leyes”.

Ante una institución con tales objetivos (destruir las voluntades de los individuos, comunidades y sociedades), a nosotros, nos toca hacerle frente por medio de la solidaridad, la cual es un deber como compañeros, compañeras, pero también una herramienta, mediante la cual, poder aminorar los efectos que la cárcel busca generar en los individuos, mediante la cual, podemos contrarrestar ese miedo, esa pretensión de arrebatar voluntades. Con nuestra solidaridad, rompemos esos muros grises, aunque sea a un nivel simbólico, contrarrestando ese aislamiento y miedo que la cárcel implica.

 

El modelo de control de la miseria o la marginalidad pasa para criminalizar a la persona en situación de pobreza haciéndola culpable de su situación y diciéndole que si trabaja podrá llegar dónde quiera cuando, eso, es totalmente falso. Se utiliza el sistema penal para frenar cualquier disidencia política y social cada vez con más mano dura con la excusa de que hay violencia en la calle. Ahora no hay más delincuencia que en los años 80. Es la excusa para que el sistema penal actúe como contención de la marginalidad. El resultado es una hiperinflación carcelaria. Estados Unidos nos muestra el camino, con 700 personas recluidas por cada 100.000 habitantes.

Hay una escalada del populismo punitivo. Es una tendencia que se inició en los años 80 en los Estados Unidos y Gran Bretaña en paralelo a las reformas económicas y sociales del neoliberalismo. Y supone un replanteamiento de las políticas, no sólo de las políticas penitenciarias y penales, sino de las políticas sociales. Se produce una contrarreforma del sistema de bienestar en el que se intenta hacer pasar por excusas todas aquellas explicaciones estructurales de la delincuencia. Siempre que se intenta explicar que una persona que delinque es porque ha crecido en un entorno desfavorecido, se acusa a los investigadores de estar dando excusas sociológicas y se intenta transferir la responsabilidad de las situaciones que se pueden dar en la sociedad a la persona, a la capacidad de elección de cada uno.

El movimiento obrero consigue unas concesiones por parte del capital con forma de estado del bienestar. Durante este estado del bienestar se entiende que la pobreza es algo marginal. El crecimiento económico arrastra a todo el mundo hacia un cierto bienestar. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en que se aplican las medidas de retroceso, las contrarreformas neoliberales en el estado del bienestar, el riesgo de pobreza se extiende hacia una población mucho más amplia y afecta a las llamadas clases medias europeas.

Continuamos pensando en la persona en exclusión como la persona que no sabe gestionar su propia vida y que, además, quiere depender de los servicios públicos. Los medios y los políticos han reproducido discursos muy peligrosos. Se defiende que las personas viven en la pobreza porque no tienen ganas de trabajar, o porque no son bastantes emprendedoras. Durante la crisis, primero, se ha hablado de que los parados no buscan trabajo porque tienen subsidios, y cuando todo el mundo acepta que el mercado español es disfuncional y que no volveremos a generar ocupación para dar trabajo a todas estas personas que están en el paro, entonces empiezan a hablar de emprender. Se insiste en qué hay un problema de emprendedores y los discursos se centran en que las personas que lo están pasando peor son parásitos de la sociedad. Y si encima se trata de una persona en situación de vulnerabilidad que delinque o hace actividades mal vistas o al límite de legalidad, se produce una represión muy dura. Hay un elemento penalizador y criminalizador de cualquiera que se encuentre en situación de pobreza y no haga esfuerzos titánicos para volver a entrar en un mercado laboral cada vez más precario e indigno.

 

La mayoría de la población reclusa en España proviene de entornos empobrecidos y marginales. La gente se piensa que las prisiones están llenas de asesinos y violadores y, en realidad, están llenas de gente que ha hecho pequeños robos y hurtos o tiene una acumulación de sanciones por tenencia de drogas o por consumo de drogas en la vía pública. Se trata de personas que provienen de clases sociales muy humildes, que han hecho trapicheos vinculados a la marginalidad. Y también hay muchas personas de origen extranjero, personas que han vivido la marginalidad y la pobreza por el hecho de estar excluidos de la ciudadanía completa. Las personas que tienen delitos de sangre en la cárcel son poquísimas.

Se intenta desplazar a estos colectivos de unos barrios a otros. Se los criminaliza delante de la población. Se demuestra a los vecinos que aquello está mal hecho y que la policía hace alguna cosa. Una vez más se sustituyen los miedos reales por miedos que no tienen ningún tipo de sentido, como que tenemos unas calles muy peligrosas.

Y delante de unas calles tan peligrosas, el mensaje es que se hace alguna cosa. Y ya sean socialistas, el PP o convergentes, la medida siempre es la misma: más policía en la calle, más mano dura con estas personas de entornos marginales. Estas fuerzas políticas que compiten por los votos saben muy bien que la población mayoritaria es un caldo de cultivo interesante para este discurso. Hay propensión natural a creerse este discurso. Necesitamos, psicológicamente, crear una barrera entre nosotros, las personas normalizadas, y ellos, la gente en situación de marginalidad. Todo el mundo piensa que le puede afectar la crisis, pero casi nadie cree que puede acabar en la calle. Se piensa que uno llega a ser un sin techo porque se lo ha buscado, porque es alcohólico... La gente se justifica pensando que se buscaría la vida, que lo ayudaría uno o el otro.

Hay un problema de reproducción de la desigualdad, no sólo de la pobreza. El sistema neoliberal siempre se intenta legitimar en qué hay igualdad de oportunidades. Puede parecer que la educación pública nos pone a todos en la misma línea de salida. Pero no es cierto. La explicación más importante del fracaso escolar es la pobreza infantil. Siempre se habla de los dos fenómenos por separado. Pero uno de los grandes problemas educativos de nuestro país es el que pasa en los hogares. La pobreza infantil puede predecir el fracaso escolar. Un niño o una niña que esté en un hogar en el que los padres son trabajadores pobres, que hacen un montón de horas cobrando poco dinero, es un niño que puede acabar fracasando en la escuela. Una criatura que esté en una casa con los dos padres en el paro muy probablemente también tendrá problemas en la escuela por la tensión constante para ver cómo consiguen comer o si los echan del piso.

 

 

EL SÍNDROME DE SHERWOOD.

Ponemos como ejemplo del síndrome de SHERWOOD las últimas protestas en la puerta del sol en Madrid. Esta plaza, enclave habitual para las manifestaciones, volvió a convertirse en una ratonera. Unidades de antidisturbios taponaron cada calle aledaña y los allí reunidos quedaron encapsulados. Era el momento de iniciar el Síndrome de SHERWOOD.

Se trata de de un protocolo milimétricamente ideado para desactivar el potencial combativo de cualquier convocatoria. En el presente caso empezó ya minutos antes de las 7 de la tarde, hora establecida para la concentración por la libertad de Hassel, y lo hizo con registros supuestamente en busca de artefactos peligrosos.

La realidad es que este primer paso ya persigue, de alguna manera, desmoralizar a quienes protestan, haciéndoles ver que todo irá en la dirección que la policía determine. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender los ánimos. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial es que acabará en una batalla campal.

El encapsulamiento que se iba a producir posteriormente apunta al mismo objetivo: presencia y visibilidad de los cuerpos represivos con el objeto de intimidar. La intervención abusiva está también en los planes: se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasorias, no se disimula. Se va directamente contra los manifestantes, considerados vándalos, y se ataca con suficiente velocidad para que no de tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. El hecho de que el brazo ejecutor de todo esto sean agentes antidisturbios hace que se produzcan más excesos de los que hay planeados, como llamar "puta de mierda" a una joven o las numerosas agresiones a prensa acreditada.

Se ha usado la misma táctica en manifestaciones como " Rodea el Congreso", "Marchas de la Dignidad", "Proces", y como no podía ser de otra forma, por el caso Hasel.

El Síndrome de SHERWOOD tiene claro y específica que esto debe hacerse en paralelo con una gran campaña de los medios de comunicación. Miedo, criminalizar la protesta y omisión de la información se combinan para conseguir un rechazo por parte de la opinión pública.

ANARQUISTAS EN ESPAÑA

 

La Audiencia Nacional archiva la causa de la Operación Piñata, la cual se había saldado con quince detenciones y cinco encarcelaciones. Finalmente, las tesis policiales respecto al terrorismo anarquista no han encontrado su acogida en los tribunales

 

Una vez más, todo quedó en nada. Casi tres años después de que se produjera la detención de quince personas en el marco de la Operación Piñata (marzo de 2015), el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional ha archivado la causa, tras la petición de sobreseimiento que hicimos las defensas de los investigados y las investigadas, al cual se ha adherido la Fiscalía.

De esta manera, la Operación Piñata se une a la Operación Pandora y a Pandora II denominadas como terrorismo anarquista o “terrorismo anarco”, como lo denominó el secretario de Estado de Seguridad, que han terminado por sobreseerse.

Después de realizarse 33 detenciones en total, con entradas y registros en locales y domicilios particulares desde Palencia hasta Granada. Tras más de tres años de instrucción, en la que se han analizado cientos de documentos, horas y horas de intervenciones telefónicas, se han bloqueado cuentas bancarias solidarias, y lo que es peor, después de que algunos de los detenidos haya sufrido meses de cárcel y dispersión por distintos centros penitenciarios del estado español, finalmente la propia fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no existen elementos suficientes para poder llevar a juicio a ninguna de las encausadas. Parece que la contundencia de los informes policiales no ha podido ser acompañada de indicios o pruebas objetivas.

Cinco de las doce personas que ingresaron en prisión preventiva durante unos meses lo hicieron como consecuencia de la Operación Piñata. El auto de prisión hizo referencia en su día a la producción de sabotajes, a la tenencia de explosivos e incluso a “posibles ilícitos penales relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas”.

A pesar de ello, en la causa en ningún momento se les vinculó con acto violento alguno, más allá de una explosión en el interior de la Basílica del Pilar. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia ratificada posteriormente por el Supremo, concluyó que dicha acción había sido llevada a cabo por dos individuos de nacionalidad chilena que habrían actuado de manera individual, sin coordinación alguna con las detenidas de las operaciones Pandora, Pandora II o Piñata. Es decir, a estas 33 personas se les había detenido por la comisión de un delito de pertenencia a una supuesta organización terrorista, pero que no habría cometido ningún tipo de atentado, sino que se había limitado a distribuir propaganda anarquista y a publicar textos o editar.

 

Evidentemente, hablar de terrorismo sin violencia es una extensión inaceptable del concepto, que vacía de contenido otros tipos penales y no cuantifica, en su justo término, la auténtica entidad de las infracciones que se dicen cometidas, ni las tipifica adecuadamente. Por ello, fue un alivio, aunque no una sorpresa, que en junio de 2016 la Audiencia Nacional archivara la causa por la Operación Pandora II y en mayo de 2017 se hiciera lo propio con la primera de las Pandoras.

El carpetazo judicial a la Operación Piñata supone el final de la ofensiva más virulenta que ha sufrido el anarquismo ibérico probablemente desde el “caso Scala” (1978).

Los anarquistas aseguran que se trata de una estrategia deliberada de acoso que evoca nuevamente el bienio de la Mano Negra y que tiene por finalidad extender el miedo entre los sectores de la disidencia más críticos con el sistema institucional.

A su juicio, lo verdaderamente grave no es tanto el hostigamiento del que han sido víctimas como la manera acrítica en que buena parte de la Prensa y de la sociedad ha hecho suyo un relato de los hechos situado a años luz de la verdadera realidad del ecosistema libertario. De acuerdo a las versiones que han calado, se ha convertido indiscriminadamente en terrorista cualquier variante de contestación anarquista que aliente la exploración de otros modelos de organización social. Curiosamente -dicen-, todo esto ha sucedido en un momento en el que cobraba pujanza el anarcosindicalismo y ciertos conceptos como asamblearismo u horizontalidad.

CASO SCALA

El 15 de enero de 1978, hacia las 13:15 horas, la sala de fiestas Scala, local de moda de la burguesía catalana, ardió en llamas. Un pequeño grupo de jóvenes anarquistas, procedentes de una exitosa manifestación contra los Pactos de La Moncloa convocada por la CNT, había lanzado unos cuantos cócteles molotov contra su entrada. Junto ellos se encontraba Joaquín Gambín, delincuente común, infiltrado policial e inductor de la acción.

El fuego provocó la muerte de cuatro trabajadores. La policía comenzó sus pesquisas y a la mañana siguiente realizó seis detenciones, que con el transcurso de los días se elevarían a 23, todas ellas en el entorno anarquista de Barcelona. Daba comienzo así a una ofensiva contra el anarquismo catalán, y más concretamente contra la CNT, que duraría varios días y que se resume en el ya famoso titular: “FUERON LOS ANARQUISTAS”.

La CNT denunció los hechos como un montaje policial y el tiempo le dio la razón, aunque los juzgados prefirieron correr un tupido velo.Gambín era un infiltrado policial que hizo lo imposible para lograr que sus acompañantes arrojasen los cócteles molotov, los informes de bomberos señalaban que el fuego se produjo en otro lugar de la sala y que su origen estaba relacionado con un material inflamable de origen militar. Para colmo un testigo clave del caso falleció en extrañas circunstancias días antes del juicio.