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TIEMPOS DE RESISTENCIA EN MADRID.
DESALOJAN CENTROS SOCIALES
OKUPADOS PARA DÁRSELOS A LOS
PODERES FÁCTICOS
La buena salud que gocen nuestros centros sociales okupados y autogestionados en la ciudad de Madrid es un indicativo también de un activismo vivo en los barrios, en cambio, si languidecen sabremos que estamos ante un tiempo de resistencia, unos tiempos malos para la okupación, y por lo tanto malos para los movimientos sociales. Y es que tras numerosas campañas de intoxicación mediática, criminalización social, presiones judiciales e institucionales, la violencia policial y, últimamente la violencia de los mercenarios neonazis de empresas de desokupaciones, la okupación en Madrid lleva ya mucho tiempo en el punto de mira. Desean una ciudad que no sea contestataria y que solo sirva para el consumo.
Quieren desalojar los espacios comunitarios en nuestra ciudad, para regalar inmuebles a la especulación urbanística y la turistificación. Los centros sociales okupados ya conforman nuestro entramado urbano desde hace décadas, en ellos se han fraguado numerosas luchas y activismos. Históricamente se han recuperado espacios para darles un uso social, y porque se dinamita uno de los pilares del sistema capitalista actual: la propiedad privada. Este concepto no puede estar por encima de la vida, del derecho a la salud, a la vivienda, a la cultura. La okupación de espacios no solo cuestiona que la legalidad no siempre es lo legítimo, sino que da un revés a todo el esquema de pensamiento del capitalismo.
En este artículo queremos hacer un repaso de cada uno de los espacios que recientemente han sufrido desalojos, reveses o amenazas y cuya vida depende de la resistencia jurídica, social y política que llevan adelante sus asambleas. La lista de desalojos de centros sociales en Madrid en los últimos años es larga: La Gasoli (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasaña), La Salamandra (Moratalaz), La Dragona (La Elipa), La Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EV Montamarta (San Blas), el EVA de Arganzuela , la Casa de la Cultura (Chamberi), La Casa del Cura (Malasaña). A veces se toman decisiones muy dolorosas respecto de espacios sociales que, durante mucho o poco tiempo, se han llenado de vida y actividad que ha propiciado el florecimiento de los barrios populares. También por otro lado mencionaremos algunos proyectos y centros sociales recuperados recientemente y que han iniciado su camino con mucha fuerza y ya son espacios de referencia en la okupación madrileña.
Madrid será siempre Ingobernable: destapando nuevos casos de corrupción urbanística, el Hotel UGT
El pasado mes de mayo una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desalojó ilegalmente en 2019 el centro social okupado La Ingobernable, en su original ubicación en la calle Gobernador esquina al Paseo del Prado. Esta sentencia ya recogía lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinó que el Ayuntamiento madrileño no tenía potestad para ejecutar el desalojo de La Ingobernable ya que en ese momento estaba oficialmente cedido a una fundación privada. En el programa del Partido Popular en su candidatura al municipio de Madrid incluía la promesa de desalojar La Ingobernable, edificio que albergaba dos centenares de actividades mensuales con una asistencia de unas 130 mil personas en sus dos años de intensa vida, el mayor espacio de encuentro de los movimientos populares de la capital. Ese mismo día tras publicarse esta sentencia, desde La Ingobernable invitaban a estar atentas porque las reacciones no se harían esperar, y es que al día siguiente un numeroso grupo de activistas accedían al antiguo Convento de las Recogidas en la calle Hortaleza. Este inmueble perteneciente al sindicato UGT, se alquiló a una empresa para transformarlo próximamente en un hotel de lujo (que de eso anda escasa la ciudad de Madrid), aprobando previamente el Ayuntamiento de Madrid un plan especial de reestructuración y su cambio de categoría para uso de hospedaje. La recuperación de este edificio para convertirlo en un centro social no fue posible, ya que el sindicato UGT denunció inmediatamente, y al día siguiente tras resistir una noche en el inmueble en plena calle Hortaleza la policía municipal llevó a cabo el desalojo de las activistas de su interior. No obstante, se destapó una vez más un pelotazo urbanístico en la ciudad de Madrid con una trama de película en la que UGT, una empresa de construcción y el Ayuntamiento están perfectamente coordinados para llevar adelante planes de gentrificación en la ciudad. A finales de mayo y sin previo aviso la policía municipal desalojaba la Oficina de Derechos Sociales La Ingobernable en la que era su ubicación actual en la calle de la Cruz de Madrid, okupada desde hace poco más de un año en un antiguo hotel abandonado durante cinco años y en manos de la empresa de peluquería Marco Aldany. Los propietarios junto con la empresa One Shot Hotels exigieron su desalojo para la construcción de un nuevo hotel de lujo en el centro de Madrid. De hecho, La Ingobernable no solamente quería denunciar este caso de especulación, sino un amplio imperio inmobiliario de los hermanos Marco Aldany, que a través de ZZ Inmobilari Próxima controlan dos hoteles, residencias de estudiantes y una veintena de apartamentos turísticos.
La Enredadera de Tetuán, espacio comunitario y de lucha contra las opresiones
Este centro social en el corazón del barrio madrileño de Estrecho, distrito de Tetuán, lleva ya varios años de amenazas administrativas para su cierre y desalojo definitivo. Con trece años a sus espaldas y un largo de recorrido de cientos de actividades y encuentros, entre otros, del movimiento de vivienda, feminista e incluso del zapatismo mexicano en Madrid, han decidido hacer la mudanza con la ayuda vecinal que siempre han contado. En la historia de este centro social quedará grabado cómo en el año 2014 se enfrentaron junto a otros colectivos vecinales a su mayor reto hasta ese momento, es decir, la primera presencia de Hogar Social Madrid, grupo neonazi que okupó un edificio en un barrio multicultural como el de Tetuán. A pesar de la connivencia policial y del intento de incendio de la Enredadera por los nazis, se logró que se marcharan del barrio y la Enre continuó siendo un espacio social de referencia. Se frustró y paralizó un Plan Especial de Urbanismo que pretendía convertir el edificio en una herramienta de gentrificación de la ciudad. También lograron enfrentar igualmente un juicio por usurpación, con el incondicional apoyo del barrio. Sin embargo, tras un largo periplo de denuncias administrativas, ya el pasado verano solicitaron la resistencia vecinal para evitar que el Ayuntamiento de Madrid precintase el centro social. La excusa es que la Enre no cuenta con una licencia de actividades pública, y esa represión institucional ha intentado callar a este espacio de encuentro comunitario. Desde la Enre están decididas a resistir y para ello necesitan darle al pause, posiblemente la decisión más complicada en todos sus años de vida, pero también una decisión que es ejemplo del compromiso militante, cuidados y sensatez que siempre han tenido en su asamblea. La Enre solicitó a todas las vecinas que pudieran acercarse a echar una mano para la mudanza, recogieron todo el material y los grandes tesoros comunitarios creados en estos largos años. Nos solicitaron que estuviésemos atentas a futuras convocatorias, y así se hará, porque la Enre sigue comprometida en construir barrio para volar libres.
La Atalaya, la resistencia vallekana para defender un antiguo instituto okupado
Este espacio de referencia vallekano actualmente es la despensa solidaria del barrio, una iniciativa surgida del proyecto Somos Tribu en plena pandemia del Covid-19, y que recibieron incluso el premio ciudadano europeo. Sin embargo, La Atalaya ha recibido una orden judicial de desalojo, que les exigía abandonar el edificio en cinco días, pero estamos hablando de Vallekas, y el barrio reaccionó rápidamente y convocaron movilizaciones para resistir a esa decisión judicial. Si bien la última noticia recibida es que se aceptó el recurso que interpusieron, eso solo proporciona tiempo, tiempo valioso para continuar resistiendo. Vallekas no es fiera para domar, es un barrio que se defiende con uñas y dientes, y desde el centro social okupado La Atalaya hicieron una rueda de prensa pública delante de la Asamblea de Madrid explicando la postura del espacio frente al futuro desalojo, y la cual apoyaron muchas vecinas y participantes de los diversos colectivos sociales del espacio. Y es que la empresa Naturgy y la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid están detrás de esta orden judicial contra La Atalaya, que inició sus actividades hace ocho años recuperando un antiguo instituto en ruinas para llenarlo de vida, aprendizaje y ocio alternativo. Ante la real falta de oportunidades por parte de la institución pública, por eso surgen espacios como La Atalaya para impulsar espacios deportivos, culturales, de ocio y de encuentro vecinal. Si estos espacios no existieran todo eso desaparecería, y por lo tanto gran parte de la vida popular en los barrios languidecería como lo hacen otros territorios expuestos únicamente a las oportunidades de consumo y ocio que ofrece el propio capitalismo. Es por ese motivo que defender estos espacios de okupación es defender la vida, y lo hacen con las mejores armas como La Atalaya afirma: alegría para combatir, organización para vencer.
La Ferroviaria, una locomotora que da vida en el corazón del Paseo de Delicias
Hace un año en la primavera del 2021 nacía el proyecto de La Ferroviaria, para ello se okupaba una antigua sede bancaria en la Plaza de Luca de Tena, en el barrio de Delicias. Este centro social se ha puesto en marcha, entre otras, debido al esfuerzo de organizaciones como Arganzuela 27 (un colectivo juvenil), PAH Centro-Arganzuela o la Asociación Feminista de Arganzuela. Un espacio que ha nacido con una fuerza incomparable para construir actividades en el barrio y favorecer todo su tejido popular. Viene de la tradición organizativa del antiguo EVA (Espacio Vecinal Arganzuela), que tenía un espacio cedido, y sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid decidió no prorrogar esa cesión a los colectivos que autogestionaban actividades. También con la desaparición del histórico centro social okupado La Traba, desalojado en su ubicación en el antiguo cine de Candilejas, este nuevo espacio de La Ferroviaria, con tan solo un año de vida, ya se ha convertido en la locomotora de un barrio siempre activo socialmente.
CSO Animosa en Hortaleza y CSO Amparitxu en Prosperidad, dos ilusionantes proyectos inician camino
Si nos alejamos un poco del centro de la ciudad, encontramos que en otros barrios también florecen los proyectos para abrir nuevos espacios sociales. Un local comercial propiedad de la SAREB (denominado como ‘banco malo’) se convirtió a finales del año pasado en el primer centro social okupado de Hortaleza. La Animosa abrió sus puertas para afrontar las necesidades reales del vecindario e impulsar proyectos sociales y culturales, se recupera de esta manera un inmueble deshabitado para poner en funcionamiento, entre otras actividades, un gimnasio autogestionado o una biblioteca popular. El nombre elegido, además, es un homenaje a la memoria de las antiguas vecinas del pueblo de Hortaleza, ya que hace referencia a la Sociedad de Obreros Agricultores de las Tierras de Hortaleza La Animosa, una antigua colectividad agraria.
El centro social Amparitxu, ubicado en unas antiguas oficinas bancarias propiedad de una sociedad inversora vinculada al Banco Santander que llevaban dos años cerradas, nació en el barrio de Prosperidad a finales de abril de este año. En este caso el nombre hace referencia a la poeta y vecina de este barrio Amparo Gascón que, durante el Franquismo, acogió en su casa a personas que huía de la represión de la dictadura. Este nuevo centro social nace de la necesidad de jóvenes del barrio de la Prospe y alrededores de contar con un espacio propio en el que organizarse y trasladar el banco de alimentos del barrio. Recuperar este espacio también supone simbólicamente devolverle a los movimientos populares los saqueos que la banca ha perpetrado contra la clase trabajadora, en forma de timos a pensionistas o los desahucios que han engrosado sus ingresos mediante el expolio capitalista.
GENTRIFICACIÓN:
Por otro lado vemos la parte mas abusiva del capitalismo, que es la ocupación del espacio vecinal, sobre todo en el centro de las ciudades, aunque también en barrios obreros: la gentrificación.
La gentrificación se define como transformación de un espacio urbano, normalmente el centro de la ciudad, en proceso de declive; mediante la rehabilitación o reconstrucción de una parte de sus edificaciones. Las construcciones se hacen cada vez más altas y el precio del alquiler y nivel de vida aumenta. Al final, los vecinos que vivían allí se acaban trasladando a otras zonas más baratas, siendo sustituidos por propietarios de mayor poder adquisitivo. La gentrificación se ha dado con especial incidencia en ciudades de España como Madrid y Barcelona.
Normalmente, la gentrificación suele ocurrir en los cascos antiguos, aunque también se puede dar en más zonas urbanas, como las periferias de las ciudades dormitorio. Los efectos se extienden a diversos sectores, como el comercio, el transporte o el nivel de vida, tal y como veremos más adelante. La gentrificación se ha convertido en un problema bastante real.
La gentrificación tiene sus consecuencias sobre la organización social y la población de la zona:
Desplazamiento de la población humilde original por otra de mayor poder adquisitivo. La subida del nivel de vida y el nivel de los alquileres ‘expulsa’ a los antiguos habitantes y cambia para siempre la fisionomía de la ciudad.
Aumento de las inversiones y los grandes negocios, debido a la acumulación de capital. En grandes ciudades europeas, como Madrid, París o Milán, pueden aparecer edificios de lujo como galerías de arte, museos, hoteles de lujo, edificios de alto standing fruto de la gentrificación. Aunque en Europa no son tan habituales, sí puede haber rascacielos comerciales en algunas ciudades del mundo, como Londres o San Francisco.
El auge del turismo: cuando existen comercios, restaurantes o bares en la zona, es lógico que se produzca un aumento del turismo. Los visitantes necesitan sitios donde alojarse y por ello, se produce una proliferación de pisos turísticos. Barcelona ha saltado a los titulares por este problema y el Ayuntamiento ha tenido que tomar medidas para intentar frenar la gentrificación a tiempo.
El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, a partir de la reconstrucción o rehabilitación por cambios en las dinámicas del mercado y el aumento de la demanda por espacios comerciales y residenciales. A su vez puede derivar de nuevos planes de intervención urbana y arquitectónica dados por entes tanto públicos como privados que buscan impulsar el crecimiento del mercado en la zona de influencia. Usualmente esto puede llegar a inducir a que los residentes tradicionales abandonen el barrio y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este «nuevo» espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que les permita afrontar estos nuevos costes. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turísticoy relevancia económica.
En ocasiones, también se utiliza para analizar esta situación respecto de usos comerciales o de servicios. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales o tiendas pertenecientes a grandes cadenas, relegando a los pequeños negocios. La gentrificación tras realizar los cambios físicos arquitectónicos y urbanísticos puede llegar a generar una serie de transformación en la conformación de la población. Caracterizado por el desplazamiento de un estrato social históricamente propio del sitio por un nuevo estrato superior.
Es un fenómeno netamente urbano y situado en la etapa histórica a pesar de que puedan existir procesos semejantes en otros ámbitos espaciales y temporales.
De esta forma, el proceso guarda similitudes con las nuevas tendencias de determinadas zonas rurales del mundo occidental, donde a medida que desaparece la actividad agrícola se van convirtiendo en sede de actividades turísticas y segundas residencias.
Tampoco conviene confundir el término con los procesos de regeneración urbana que se dieron en los centros de las urbes modernas con el objetivo de sanear la ciudad o incluso crear ensanches para la bueguesía urbana, ya que esto se produce en un contexto histórico y económico diferente, con mayor protagonismo de la administración pública, con un sector inmobiliario privado menos desarrollado y, sobre todo, por ser procesos que contribuyen a crear la configuración de la ciudad capitalista industrial moderna, mientras que el proceso de gentrificación la desmantela
El efecto más notorio de la gentrificación es el desplazamiento de las clases populares.
Las clases populares pueden reducir su número en la zona por el envejecimiento de la población, por las condiciones ruinosas de un edificio, o por terminación de un contrato de alquiler y ausencia de una oferta de alquileres en la zona para este grupo social.
Los desplazamientos voluntarios suelen deberse al rechazo por la situación de degradación del caserío, por el pago de incentivos a cambio de su abandono a inquilinos con contratos blindados, o por la compraventa de la propiedad.
Una vez realizado este desplazamiento, se revaloriza el preciado suelo, comúnmente residencial, a través de la rehabilitación del edificio (recalificado habitualmente como residencia de alto nivel) o de la construcción de viviendas de nueva planta.
A esta expulsión progresiva de la población se le une la incapacidad de los desalojados o de jóvenes emancipados, originarios del barrio, de pagar una vivienda en él, como consecuencia de la revalorización y el aumento de los precios en relación a la vivienda.
Además del desplazamiento y la revalorización del suelo se perciben otros cambios comunes a este tipo de procesos, como la reducción de las tasas de ocupación de la vivienda (menor número de habitantes por vivienda) y la densidad de población de la zona. Asimismo, en zonas donde el alquiler fuera común, se dará una progresiva transformación hacia la modalidad de ocupación en propiedad.
Art. 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
El derecho a la vivienda está respaldado claramente por el derecho internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el "derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho".
En el ámbito europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE del año 2000 señala en su artículo 34.3 que "con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales".
Ya antes, la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas había asegurado una fuerte protección a la ciudadanía comunitaria en el ámbito inmobiliario, que sirvió de referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para considerar el derecho a una vivienda digna como derecho básico para la dignidad de las personas.
Amnistia Internacional ha publicado varios informes que revelan cómo en los últimos años las autoridades españolas siguen violando el derecho a la vivienda. España ha sido el país que más condenas ha recibido por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977) por vulneración de este derecho.
Por su parte, el Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas después de su visita a España instó a las autoridades a “tomarse en serio el derecho a la vivienda”, y aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, adoptar medidas para reducir las viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre otras cuestiones.
El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas también ha instado a España a asegurarse que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones establecidas en el Pacto internacional y ha recordado su obligación de prevenir violaciones del derecho a la vivienda.
A pesar de que la pandemia ha paralizado algunos de los desalojos gracias al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a la grán vulnerabilidad, en lo que va de 2021 se han producido 22.536 desalojos, 15.894 por impago del alquiler, 5.397 por impago de hipoteca, y 1.245 por otras razones.
FONDOS BUITRE
La primera bandada llegó a nuestro país allá por los finales del 2012 y principios del 2013. Venían atraídos por el olor a carroña inmobiliaria y por la existencia de un gobierno al que se le abría la boca y no la cerraba, hablando de neoliberalismo y del mandato de los mercados. Y comenzaron a hacer grandes operaciones, comprando paquetes inmobiliarios a todo el que se los ofrecía y pagando una cuarta o quinta parte de su valor.
Los bancos españoles, que obedeciendo la normativa del BCE , debían deshacerse de activos y préstamos fallidos, para dejar limpios sus balances, encontraron buitres que les solucionaban el problema digiriendo los cadáveres. Y comenzaron a vender. Entonces aprendimos el significado de la palabra “servicers”, las entidades que gestionan las viviendas compradas sacándolos a la venta, o creando socimis para su alquiler.
En un principio todos estaban tímidos y las operaciones no fueron del tamaño de las que se perfilaron y se planean unos años más tardes. Así, en 2013 Sareb vendió una pequeña cartera valorada en 100 millones de euros y compuesta por viviendas y garajes a HIG Capital. Apollo compró en el 2014 Altamira, la inmobiliaria del Santander por unos 700 millones de euros. También se acercaron a los políticos o tal vez fue al revés, el caso es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, les vendieron su vivienda social y ahora tienen los líos.
Aprovechando las rebajas, la sinvergonzonería de muchos políticos y la inyección de dinero público en el sector, se hicieron con extensas carteras inmobiliarias. Todo les servía siempre que fuera barato. Desde paquetes inmobiliarios de bancos y cajas intervenidas y vendidas, hasta las miles de viviendas sociales que les vendieron los políticos madrileños en un alarde de desfachatez que rayó en la delincuencia.
Así las cosas y en estos últimos cinco años, las operaciones fueron aumentando de tamaño. Y si en el 2016 alcanzaron los 22.000 millones de euros frente a poco más de 9.000 millones el año anterior, batieron todas las marcas en el 2017, al superarse las compras, por parte de estos fondos, de más de 50.000 millones en activos inmobiliarios. Y tiene toda la pinta de que este año va a seguir con fuerza la venta de nuestro parque inmobiliario a estos oportunistas del drama hipotecario. Hay que tener en cuenta que, según el Banco de España, a finales del 2016 la banca sumaba 190.000 millones en activos improductivos, entre los que se encuentran las propiedades adjudicadas.
Dando ejemplo en esto de alimentar a los buitres comenzó el Santander que, en agosto del pasado año, se deshizo de una cartera de 30.000 millones en activos, procedentes del Popular y que traspasó a Blackstone por una cantidad que podría no superar los 5.000 millones de euros.
BBVA llegó a un acuerdo con Cerberus para crear una sociedad con la que gestionar su ladrillo, en la que el fondo se quedará el 80%, desembolsando 4.000 millones euros. Ladrillo bancario compuesto por algo más de 78.000 activos inmobiliarios con un valor contable de unos 13.000 millones de euros.
Para este año ya hay 31.000 millones de euros en carteras que pueden salir a la venta en los próximos meses. Tal vez la más importante es la del Sabadell, unos 7.500 millones y ya tiene a Blackstone, Cerberus y Lone Star aleteando a su alrededor. Banco Sabadell ha puesto también en marcha la venta de otros dos paquetes de activos problemáticos, con un valor nominal de 3.300 millones.
Así las cosas estamos en un momento en que el 80% de los activos en gestión por los servicers está controlado por 5 entidades: Altamira (Apollo) que poco a poco se va desligando del Santander, sobre todo después de quedarse con la gestión de los activos de Liberbank. Haya y Anida que tras la compra al BBVA está ligadas a Cerberus. Anticipa y Aliseda, que son de Blackstone. Quedan sueltas todavía Servihabitat de la Caixa y Solvia del Sabadell. Aunque en este último caso los buitres ya están pidiendo que de quedarse con la cartera de 7.500 millones que el banco ha puesto encima de la mesa, vaya acompañada por Solvia. De esta forma la operación sería diáfana. Si Solvia se incluye en el paquete en venta, se incluye a los profesionales que ya manejan los activos.
También parece que Sareb quiere entrar en la misma dinámica, al fijarse en Goldman Sachs con el claro objetivo de vender toda la cartera que administra actualmente Haya Real Estate y que representa cerca de 30.000 millones en préstamos fallidos de la entidad.
Y no hay que perder de vista que en todo este pastel inmobiliario, los buitres que se están repartiendo nuestro país, Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs…tienen prisa por comprar antes de que los precios se fortalezcan y los bancos tienen prisa por vender.
La situación de lo que ha venido sucediendo está muy clara, los fondos se aprovechan de necesidad de los bancos por vender y de la ausencia de normas en nuestro país, que les dejan hacer lo que les parece más conveniente y acaparar el mercado inmobiliario.
Y esta conveniencia será la de disponer, entre todos ellos, de casi 200.000 millones de euros en activos inmobiliarios en nuestro país, cuando finalice el 2018. A lo que habrá que sumar los que gestionen a través de sus servicers. Y con ellos el control del mercado de los alquileres, con las consecuencias que ya vemos están sucediendo. Para especular con cualquier mercancía es necesario controlar el mercado y es lo que ya han conseguido. Con consecuencias demoledoras en Madrid y Barcelona, que poco a poco van extendiendo a otras zonas.
No parece lógico que un bien de primera necesidad y alrededor del cual se vertebra nuestra sociedad, como es la vivienda, quede en mano de unas empresas que no son ni de lejos hermanitas de la caridad y que lo único que buscan es el beneficio de sus accionistas, pase lo que pase y en el menor plazo posible. Y esta es una situación que nos traerá mucho problemas en un futuro cercano, porque la vivienda podría definirse como un bien estratégico para un país, sobre todo si el casero se apropia de más de 500.000 propiedades y pasa a controlar el mercado del alquiler y de la venta.
Si a ello le añadimos que vivimos en una país de políticos papanatas y corruptos, que no ven más allá del interés de su bolsillo y a los que se les llena la boca y el pecho asegurando que son los más liberales del mundo mundial y que el mercado es el rey, con permiso del Borbón, el desastre está asegurado. Y es que no hemos aprendido nada y seguimos viendo la vivienda como un bien con el que se puede especular.
En los primeros años del siglo, la acción de los especuladores locales -en un mercado muy fragmentado- se centraba en la compraventa de activos inmobiliarios a los que, aprovechando la bonanza económica, «daban el pase» cuanto antes, y así causaron el desastre que aún pagamos. Todos tuvimos la culpa, porque de una manera o de otra todos nos aprovechamos. Ahora, con sueldos miserables y pensiones estancadas, el beneficio llega del control del mercado por unos pocos comensales venidos de fuera. Los fondos buitre han aprovechado la crisis para apropiarse de un gran pastel inmobiliario en Europa, pero es en España donde han hincado las garras con más profundidad. Y la complicidad e inacción de los políticos, dejará a una parte de nuestros compatriotas al alcance de sus apetitos, en una clara muestra de terrorismo financiero. Pero eso sí, los responsables de la que se avecina son más patriotas que nadie.
DERECHO A UNA VIVIENDA
En los últimos 3 años cerca de 400.000 familias perdieron su vivienda en manos de la banca. En Barcelona provincia fueron 50.000 familias que no pudieron hacer frente a los pagos de la hipoteca o el alquiler. Con los dineros del FROB para salvar la Banca el Estado podría comprar esos 700.000 pisos con los que crear un Parque de Alquiler público al 20% de la renta familiar disponible. Ante esta situación de necesidad de vivienda, y teniendo en cuenta la grán cantidad de casas vacías cuyos propietarios son fondos buitres y bancos, muchas personas tienen la necesidad de okupar una vivenda. Hay que recordar aquí los más de 60.0000 millones que recibieron los bancos en su día, y que ni han devuelto ni van a devolver. También hay que recordar el destrozo social que los fondos buitres estan causando a la población en connivencia con los políticos. Por todo esto la okupación es el recurso que queda a estas personas maltratadas por políticos, buitres y bancos. Y nosotros lo vemos bien y lo apoyamos.
Ni casas sin gente ni gente sin casa.
INFORMACIÓN JURÍDICA SOBRE OCUPACIÓN DE VIVIENDA. EL DERECHO A OKUPAR
1.- La ocupación ilegal se produce en el primer momento que uno está dentro de la vivienda, siempre y cuando se precise como vivienda permanente. En cualquier caso, es importante haber pasado una noche o dos allí para que la ocupación se considere consolidada.
2.- Para avalar la fecha de entrada en la vivienda cualquier persona podría servir como testigo o también fotos con fecha en el interior.
3.- La ocupación de una vivienda deshabitada se puede penar con multa de 3 a 6 meses. Se trata de una multa que en caso de impago se convierte en cárcel (sólo si hubiere antecedentes penales). Los días de cárcel son la mitad de los días de la multa, por lo que el tiempo máximo de cárcel serían 3 meses. La cantidad de multa se fija entre 2 a 400 euros/dia.
4.- Si se ocupa una vivienda porque se está en estado de necesidad no hay delito. Pero ojo, esto es lo que dice la ley, otra cosa bien distinta es lo que dictamine un juez. Ahora bien, lo habitual es que una ocupación por necesidad se juzgue en la vía civil y no en la penal. La oKupación con K sí que tiene riesgo de ir por la vía penal.
5.- Una vez ocupada, depende del propietario de la misma interponer una demanda civil que tarde o temprano llevará a un desahucio. La defensa en el juicio civil es prácticamente imposible y acaban con condenas de desahucio. Por ello, se trata de alargar el proceso.
6.- Aunque más raro, existe la posibilidad de que una ocupación llegue a consolidarse y el ocupante pueda usar entre indefinidamente la vivienda e incluso devenir propietario. No es imposible y hay casos conocidos.
7.- Lo normal es que el plazo para la 1ª orden de desahucio sea de 2 años aunque con las demoras judiciales puede llegar hasta 5 años.
8.- Cuanto más tiempo lleve la vivienda vacía, más fácil será defender tu posición delante de los juzgados.
ATRASAR LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO
1.- Una vez el propietario presenta una demanda en el Juzgado, se atrasan los procedimientos no cogiendo las notificaciones judiciales. Si el inquilino no está notificado no hay ni juicio ni tampoco desalojo. La notificación finalmente se puede hacer en el tablón de anuncios del propio juzgado por lo que el denunciado se da por citado, aunque hay algunos Juzgados que son reacios a permitirlo y se procede a averiguar el domicilio del inquilino, lo que retrasa sobremanera el proceso judicial instado.
2.-La notificación en la vía civil siempre es obligatoria. No puede haber un “alzamiento” sin notificación pues crearía una inseguridad jurídica. En cambio los procedimientos penales se hacen sin previo aviso.
3.- En los tres días siguientes a la recepción a la notificación, el inquilino puede pedir asistencia jurídica gratuita o que se designe un abogado de oficio por lo que el procedimiento se alarga más tiempo. Incluso se puede pedir el mismo día del juicio con lo que éste puede quedar de nuevo en el aire para evitar la indefensión del demandado..
4.- Cuando el juez ya ha dictado sentencia y ésta condena al inquilino, éste puede pedir un abogado de oficio o un procurador de cara al desalojo. En este caso se suspendería el procedimiento hasta que el Colegio de Abogados decidiera si el condenado tiene derecho a ello. Una vez más, el proceso puede retrasarse hasta dos meses. Además, durante este tiempo están suspendidos los pagos de las rentas y se evita el embargo de cantidades económicas.
EL MISMO DÍA DEL DESALOJO
1.- Lo más importante es que los vecinos estén organizados para evitar un desahucio de la familia. La solidaridad es muy importante y está siendo la mejor alternativa al crear “una alarma social” con la que no gusta lidiar a los secretarios judiciales. Para ello acudir a las entidades del barrio que puedan ayudar: Avv, Oficinas derechos sociales, etc….
2.- También puede darse el caso de que abra la puerta un menor de edad o una persona enferma. En este caso habría que avisar a los servicios de un médico, lo que volvería a retrasar el desalojo varios días.
3.- Lo mismo sucede cuando al entrar en el inmueble hay animales (perros, gatos, serpientes…) no se puede celebrar el desalojo. Es necesario llamar al organismo correspondiente para examinar a esos animales y sacarlos del inmueble. Esto puede retrasar el proceso un par de días hasta un mes, dependiendo de las circunstancias. Una vez desalojados los animales, la comisión judicial debe fijar otra fecha para el desalojo, por lo que dependerá también de la agilidad de ésta el retraso que pueda producirse.
