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Más de 11.000 familias fueron desahuciadas en el primer trimestre de 2022 pese a la moratoria del escudo social
Tres de cada cuatro desalojos son por no poder pagar el alquiler. El total de lanzamientos aumenta un 1% con respecto al mismo periodo de 2021, según el informe del Consejo General del Poder Judicial.
La moratoria de desahucios de familias vulnerables prorrogada una y otra vez por el Gobierno como parte del llamado “escudo social” no ha podido evitar que se produzcan 123 desahucios diarios, cinco por hora, según los datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para el primer trimestre de 2022.
De ellos, 7.625 fueron derivados de la aplicación de la ley estatal de alquileres, un 3,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. La caída de este tipo de desahucio se compensa en la cuenta general con un importante aumento en los lanzamientos causados por no poder afrontar el pago de la hipoteca, que crecieron un 8,1% hasta llegar a los 2.755, casi el 25%. Unos datos que no recogen todavía las subidas en las hipotecas relacionadas con la espiral inflacionista y el repunte del Euríbor, que pueden llegar a suponer subidas de entre 600 y 1.200 euros al año con las previsiones actuales.
Los desahucios hipotecarios crecieron un 8,1% hasta llegar a los 2.755, casi el 25%. Unos datos que no recogen todavía las subidas en las hipotecas relacionadas con el repunte del Euríbor
Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estos datos “confirman una vez más lo insuficiente de las medidas de protección y el terrorífico futuro que nos espera”, especialmente si la Ley de Vivienda en trámite no incluye las propuestas del movimiento de la vivienda. Tal como esta actualmente redactada, la ley no prohíbe los desahucios de familias vulnerables sino que los aplaza entre dos y cuatro meses a la espera de que las administraciones locales reubiquen a las familias en otra vivienda. Al no contar con parque público, la ley se convierte en papel mojado y solo postergaría unos meses los desahucios, según denuncian desde la PAH.
La ausencia de un parque público de vivienda, el incumplimiento de los compromisos internacionales, la falta de limitación a los precios de los alquileres y el fin de las medidas del escudo social el próximo 30 de septiembre, dicen desde la PAH, “auguran los peores presagios”. Por ello, desde esta organización reclaman una actuación urgente frente a los desahucios, “punta del iceberg de la falta de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros de los especuladores”.
El ranking de los desahucios
Entre los desahucios vinculados con el alquiler, Catalunya encabeza la lista con el 22,3%, seguida por Andalucía, País Valencià y Madrid. Con respecto a los desahucios hipotecarios, es la Comunidad Valenciana quien lidera el ranking, seguido por Andalucía, Catalunya y Murcia. Si se cruza el número de desahucios con la población, las cosas cambian: Baleares pasa a tener la tasa más alta de desahucios de alquiler por habitante y País Valenciá pasa a liderar la lista de lanzamientos hipotecarios.
En el primer trimestre de 2022, se presentaron 740 juicios por ocupación ilegal de viviendas. Esta cifra supone un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior y afecta apenas al 0,002% de las casi 26 millones de viviendas registradas en España
Los informes periódicos del CGPJ también dan pistas sobre la real gravedad de uno de los argumentos más utilizados por los partidos de derecha y los lobbies inmobiliarios: la ocupación. En el primer trimestre de 2022 se han registrado 740 nuevos juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas. Esta cifra supone un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estas viviendas suponen un 0,002% de las casi 26 millones de viviendas registradas en España.
Ponemos un ejemplo de las consecuencias de esta política de desahucios: un hombre al que iban a desahuciar se suicida en el barrio de Bon Pastor en Barcelona
Al ejecutarse el desahucio no había nadie en el piso, y el hombre, que llegó posteriormente, se quitó la vida en presencia de los operarios y han confirmado fuentes municipales, que han asegurado que el Ayuntamiento "lamenta profundamente los hechos"
El hombre vivía en una vivienda de protección oficial en la calle Séquia Madriguera, en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana.
Ahora pasamos a tratar el tema de las mafias que se dedican a amenazar y coacionar:
Una campaña denuncia la connivencia entre una inmobiliaria de pisos de alto standing y empresas de Desokupas, empresas de desalojos formadas por milicianos de Europa del Este y luchadores de artes marciales.
Ponemos un ejemplo de estas actuaciones llevadas a cabo recientemente:
En el corazón de la Gracia gitana, en Barcelona. Cuatro de la tarde. Un grupo de ocho hombres corpulentos, acompañados de un albañil y un cerrajero, agujerean y sierran con una radial la puerta de acceso de este inmueble construido en 1892, catalogado como patrimonio histórico, abandonado durante años y okupado por un grupo de jóvenes en el mes de julio del año pasado cuando estaba en estado de degradación.
La guerrilla ha vigilado y esperado que no hubiera nadie en el edificio para acceder. Una vez dentro proceden a la 'vandalización' de tabiques y mobiliario de las estancias principales, aseos y cocina. Grupos de apoyo y una veintena de vecinas se movilizan rápidamente y se personan ante la finca para impedir el derribo. Lo consiguen, en parte. El grupo de hombres sale de la finca y se planta en la puerta del edificio hasta que llegan cuatro furgonetas de la ARRO de los Mossos, dos patrullas de la Guardia Urbana y dos más de Mossos, así como los bomberos. Estos últimos, entran a comprobar el estado del edificio, en el que “desaconsejan” acceder. Los miembros de la guerrilla son identificados por los Mossos, con los que dialogan tranquilamente y los que les entregan una tarjeta “de empresa”.
Según se publicó desde la cuenta de Twitter de Gracia Viva aquella tarde, “la complicidad de la policía con los matones ha sido constante. Sonrisas y secretos al oído”. Los hombres esperan en la esquina y las okupantes son autorizadas a retirar del interior sus pertenencias. Poco después, unos operarios tapian la puerta a la espera de que comiencen las obras de rehabilitación del edificio, promovidas por la inmobiliaria Norvet Property, propietaria del inmueble que al día siguiente de los hechos anunció el futuro proyecto en su web.
A raíz de estos hechos se pone en marcha la campaña Stopdesokupa, impulsada por vecinas y activistas, y con el objetivo de “visibilizar y combatir la contratación de matones por parte de propietarios especuladores”, así como “hacer un seguimiento de estas prácticas y frenarlas de forma colectiva ”. Mediante el blog, otro de los objetivos que plantean es el de generar un espacio de denuncia de estas actuaciones y sus responsables.
La propiedad inmobiliaria
“En Norvet nos tomamos al pie de la letra el dicho: 'Querer es poder'. Cuando creemos en un proyecto lo hacemos realidad. Y le animamos a que haga lo mismo. Busque la vivienda que más le convenga y hágala suya; nosotros haremos todo lo posible para ayudarle a conseguirlo ”. Así se presenta en su sitio web la inmobiliaria Norvet SL, administrada por el ejecutivo Alon Younger, una empresa especializada en la rehabilitación “de edificios singulares” desde el año 2013. “Como nos gusta Barcelona queremos preservar los sitios que le dan carácter. Aportamos al mercado el cariño y la delicadeza que necesita un edificio con encanto ”, manifiestan desde la web.
Otro ejemplo de técnicas mafiosas:
Según la leyenda que planea en el barrio, el edificio de Can Dimoni fue bautizado así por el vecindario después de que Agustín Atze, propietario de la finca en 1900, se arruinara en medio de la remodelación del edificio e hiciera un pacto con el demonio para conseguir dinero y terminar la obra. A Atze le tocó la lotería y decidió —en contra de la opinión del vecindario— llenar la fachada con fines de diablos que aún perduran intactos.
En manos de la Sareb, el edificio fue adquirido por el fondo de inversión Roof Capital S.L. con el objetivo de hacer pisos de lujo. La empresa, dedicada a la compraventa de edificios y abanderada por su administrador, Simón Castellano Högbom, también directivo del Banco Sabadell, traspasó su propiedad en Norvet S.L. a principios de año.
Es en el mes de diciembre cuando las residentes del edificio denunciaron el ofrecimiento de dinero, las intimidaciones, amenazas y vigilancias a las que estaban siendo sometidas por parte de individuos presuntamente enviados por la propiedad. Estas prácticas, iniciadas por Roof Capital cuando ostentaba la titularidad, continuaron cuando la finca pasó a manos de Norvet SL. Uno de los habitantes afirma que el mismo Alon Younger visitó un día los alrededores de la casa para intentar hablar con las okupantes. Estas prácticas “intimidatorias y agresivas” se mantuvieron hasta la ejecución del sorpresivo desalojo el pasado 14 de abril.
Vamos a dar unos datos importantes sobre la empresa DESOKUPA:
A raíz de la denuncia que interpusieron varias personas “coaccionadas brutalmente” –desde Figueres hasta Valencia– por miembros de Morososbcn, la unidad de secuestros y extorsiones de los Mossos inició una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Gavà . El 4 de noviembre de 2008, el Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos llevó a cabo la operación para detener a Esteve, acusándolo de los cargos de detención ilegal, vejaciones, amenazas y asociación ilícita.
Años después, el luchador de Mixed Martial Arts (MMA) y ex seguridad privada de discotecas ha constituido la empresa de eventos La Isla Fighting Championship S.L., organizadora del International Fighting Championship. La quinta edición de esta velada de combates, celebrada en el pabellón de la Vall d'Hebron el pasado 15 de mayo, reunió luchadores internacionales de disciplinas como las MMA, K-1, Muay Thai y boxeo.
Pocas semanas antes de la cita deportiva, varios testigos presenciales sitúan a Esteve dirigiendo al resto de miembros de la guerrilla que participaron en el desalojo de Can Dimoni, asignándoles posiciones y funciones. Sin embargo, los testigos aseguran que Estevele recomendó a un miembro de la empresa propietaria de Can Dimoni, presente en las inmediaciones de la finca, que contratara “a otro comando, ya que con los hombres que tiene disponibles no sabe si podrá defender el edificio durante la noche ”.
Ernesto Navas, en el programa Entre Líneas, el gimnasio y el desalojo de Can Dimoni.
Algunos de los integrantes del grupo aparecen en fotografías publicadas en Facebook durante sus entrenamientos en gimnasios de artes marciales de Barcelona y Castelldefels. Uno de ellos, Ernesto Navas, ha sido reconocido por varios testigos presentes en el desalojo de Gracia, tras visionar un antiguo capítulo del programa Entrelínies de TV3, en un monográfico emitido en febrero de 2008 llamado Violencia controlada. En este documento audiovisual TV3 lo definía como un “experto en peleas”.
Navas reconocía su implicación en peleas y afirmaba que “en las peleas te lo pasas bien”, aunque añadió que después de casarse y tener una criatura decidió “cambiar de vida”. Navas fue condenado por intento de homicidio en una causa abierta a raíz de la paliza a tres jóvenes redskins y el apuñalamiento a uno de ellos en el metro de Camp del Arpa, en octubre de 2006, cuando aún era menor de edad. Es por ello que, según testimonia en el mismo documental, cumplió dos años y dos meses en libertad vigilada. Posteriormente viviría una “reinserción social” gracias al programa de luchadores marginales impulsado por el excampeón mundial de Muay Thai, Chinto Mordillo, a su gimnasio Meguro Roquetes de Nou Barris.
En algunas de las fotografías de este gimnasio, Navas –también conocido como “Perro de pelea”– presenta un gran tatuaje con una esvástica nazi a modo de brazalete y otro con un prominente “Rudolph Hess” en el pecho, en honor a el histórico dirigente de la Alemania nazi. En el mismo gimnasio, cerrado desde hace dos años, coincidieron miembros del actual pelotón Desokupa. Entre ellos, Daniel Esteve y su compañero de entrenamientos, “el Comandante” Jivko Ivanov.
Ivanov, presente el día del desalojo de Can Dimoni, recibe un apodo militar como consecuencia de su implicación en los conflictos armados de Kosovo, luchando contra la independencia del país, o en la reciente guerra civil en Ucrania, vinculándose a batallones en apoyo del bando prorruso favorable a la escisión de Crimea. Ivanov es simpatizante del movimiento anti-islámico europeo Stop Islamisation of Europe (SIOE), así como militante de la organización armada búlgara Alba Ortodoxa.
Alba Ortodoxa se inspira e identifica con los chetniks, un grupo paramilitar nacionalista serbio que luchó en la primera y segunda guerra mundial contra croatas y musulmanes, alemanes nazis y comunistas partisanos. Años más tarde, los chetniks participó en la guerra de los Balcanes defendiendo “la pureza étnica de la gran Serbia”. Actualmente, esta organización está liderada por Bratislav Živković, con quien Ivanov mantiene una estrecha relación de camaradería, tal como se desprende de una serie de fotografías donde posan como compañeros de armas.
Živković también se vanagloria de haber participado en las guerras de Kosovo y Bosnia y combatido, desde el inicio del conflicto, en el este de Ucrania y Sebastopol (Crimea) con otra facción Chetnik armada, el batallón Jovan Shevich, formado por unos 200 voluntarios que apoyan el bando prorruso. En agosto de 2014, este batallón se atribuyó la muerte de 23 soldados ucranianos, así como “la apropiación de numerosos vehículos armados del ejército ucraniano”. Živković, personaje que aparece con frecuencia en la prensa búlgara y serbia, alega que “devolvemos los favores a los rusos que lucharon con los serbios en la guerra de Yugoslavia.
Bratislav Zivkovic pone a cara descubierta con todo el pelotón paramilitar "Jovan Sevich'.
Finalmente, junto a este líder ortodoxo, un tercer personaje cierra el triángulo con el que Ivanov también compartía afinidad y espacio político. El candidato a la presidencia de Bulgaria Pavel Chernev. Entre otros, Chernev fue miembro del movimiento SIOE y de Attack, partido nacionalista, xenófobo y tradicionalista búlgaro, a la vez que miembro de Alba Ortodoxa. Ivanov, Zivkovic y Chernev aparecen en varias instantáneas colgadas en la red en 2013.
En esencia, esta constelación de partidos y organizaciones mantienen posiciones en política económica cercanas al comunismo, mientras que en la esfera social y nacional defienden un modelo tradicionalista, de culto ortodoxa cristiano, así como el antieuropeísmo y el odio contra los pueblos rumano, judío y musulmán. Chernev murió de un ataque cardíaco en 2014, cuando lideraba el Partido de la Libertad en Bulgaria (Svoboda).
¿Como hacen las mafias inmobiliarias para apropiarse de edificios e incluso de barrios?
Ni organizaciones de lucha contra los desahucios ni el sector inmobiliario o empresas dedicadas a liberar viviendas secuestradas dibujan un perfil único del okupante tipo en España. Aluden a diferencias notables según las autonomías o según si la zona es de nueva construcción o son inmuebles abandonados.
Pero activistas, empresarios y especialistas en la materia coinciden en señalar que las «mafias» son el denominador común en la inmensa mayoría de las okupaciones.
En los primeros tres meses del 2022 se han realizado tantas denuncias como el año pasado
«Las mafias saben dónde encontrar gente precarizada y cómo empujarla a entrar en las viviendas»
Se apunta que las cifras de Galicia están lejos aún de las de Madrid, Barcelona o la franja mediterránea, aunque solo en el primer trimestre se hayan producido el mismo número de denuncias en la comunidad que durante todo el año pasado. «Pero esos negociantes son cada vez más y están aquí más presentes sin que la Administración ponga las herramientas suficientes para que las personas y familias que no pueden pagar el alquiler caigan en manos de esas mafias o se haga algo con los barrios que han quedado casi vacíos y que atraen a esos grupos organizados»,
«Las mafias saben dónde encontrar gente precarizada y cómo empujarla a entrar en las viviendas»
Las empresas de desokupación «son fallos del sistema, la evidencia de que la normativa no es suficiente y que tampoco los propietarios de viviendas cuentan con seguridad jurídica suficiente para recuperar sin problemas sus propiedades o ser indemnizados por los destrozos».
Las mafias de la okupación están creciendo, en Galicia también, y por eso el sector inmobiliario recurre ya, sobre todo en las ciudades, a contratar empresas de seguridad que vigilen en su recta final las construcciones y promociones en venta hasta que se coloquen todas en el mercado. «Pero el dinero que cuestan esos servicios de seguridad hay que repercutirlo después en el precio de las viviendas» mientras se compara a los okupantes movidos por las mafias con los manteros que venden productos falsificados. «El que obtiene el gran beneficio está detrás»
«Utilizar a toxicómanos para que se queden en las casas a cambio de la dosis diaria»
«Utilizan a toxicómanos para que se queden en la casa okupada sin salir a cambio de recibir todos los días la dosis diaria»
Dicha práctica ha proliferado, en barrios de Madrid como Vallecas o de Barcelona como El Raval, «pero como ha pasado antes, las prácticas de los grupos organizados se acaban extendiendo al resto de España», se concluye, no sin insistir en que en las okupaciones que han atendido con lo que menos se encuentran es con «personas necesitadas», y subraya el papel de las mafias.
El Instituto Cerdà, que ha elaborado uno de los mayores informes sobre la okupación en España, señala que el 90 % de los ayuntamientos consultados sobre la existencia de viviendas secuestradas relacionan directamente ese fenómeno con la proliferación de mafias, la mayoría grupos poco organizados dedicados a la apertura de puertas y al cobro por dicha acción a los que acaban ocupando el inmueble.
Una cuestión añadida a la presencia de okupas es la que el Instituto Cerdà y el portal Idealista señalan respecto a la pérdida de valor de las viviendas que sufren okupaciones.
Por término medio calculan que el precio de dichos inmuebles cae entre un 40 y un 60 %, baremo que sitúan en la comunidad gallega en un 41,8 %. Este descenso también lo sufren los hogares próximos por una mayor percepción de inseguridad en toda la zona.
Por otro lado conocemos que el fiscal de Baleares propone desalojar sin indicación judicial previa
La Fiscalía de Baleares defiende que se puedan llevar a cabo desalojos de okupas sin que medien antes decisiones judiciales, una medida extraordinaria que, de implantarse, podría servir de modelo para otros puntos de España.
«Los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, desalojando a los ocupantes y deteniéndolos, si procede», se lee en esa circular adelantada por varios medios de comunicación de las islas.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que es quien dio esa indicación, justificó que la instrucción emitida para desalojar okupas sin necesidad de solicitar medidas judiciales tiene como objetivo proteger «derechos que afectan a todos», como son «el de la inviolabilidad del domicilio, la propiedad privada y, por otra parte, el derecho a una vivienda digna».
Bartolomé Barceló explicó también que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional le habían planteado que tenían dudas a la hora de la aplicación de la ley y que, para aclararlas, ha procedido a emitir la orden. «No me habían pedido una instrucción, pero sí cómo se tenía que actuar en determinados casos de desalojo», explicó el fiscal superior de Baleares.
El ministerio público emitió dicha orden este lunes. Mediante esta comunicación, los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden actuar directamente y de forma inmediata para llevar a cabo desalojos en viviendas «sin necesidad de solicitar medidas judiciales» cuando la okupación de un inmueble «revista características de delito».
En el escrito se detalla que «solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva de la conducta se solicitarán previamente las medidas judiciales».
Según varios medios de comunicación, la medida podría aplicarse cuando una vivienda que constituye el domicilio de una o varias personas físicas es ocupada «contra la voluntad de su morador por tercero cuando accidentalmente aquel está ausente, sea porque está de viaje, sea porque está hospitalizado o por cualquier otro motivo». Explica también que, en estos casos, cuando un cuerpo policial recibe una denuncia «debe proceder directamente y de forma inmediata al desalojo».
EL ACCESO A LA VIVIENDA
El acceso a la vivienda es el elemento que más evidencia la desigualdad y el gap social en España. Un estudio del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) revela que el 10% de los hogares más ricos concentra el 54% de la riqueza total, cuando en el 2017 ese porcentaje era del 43%. Este informe, realizado en base a una muestra de hogares españoles de la “Encuesta Financiera de Familias” durante el periodo 2002-2017, constata que la acumulación de propiedades inmobiliarias supone uno de los mayores indicadores de desigualdad económica en España. Los más ricos acumulan propiedades inmobiliarias influyendo en la evolución de los precios y limitando de manera indirecta su acceso a las personas con rentas más bajas. El estudio concluye que una tercera parte de la desigualdad de riqueza entre hogares se justifica por la diferencia de propiedades. La situación actual amenaza con agudizar las tendencias registradas en el estudio e la UAB.
"Los resultados de este estudio constatan una realidad en nuestro país, y es que cada vez son más las familias que tienen dificultades para acceder a vivienda asequible, por lo que los niveles de polarización entre las personas con tres o más propiedades y las que no tienen ni una sola son cada vez más grandes”, señaló Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso.
El número de hogares que no poseía ninguna propiedad aumentó 4 puntos entre 2002 y 2022, pasando del 14% al 18%. Al otro lado de la balanza se encuentran los hogares con 3 o más propiedades, entre las que se incluyen viviendas, solares, oficinas y garajes. En este caso, el grupo de hogares creció con mucha más fuerza, representando el 9% del total en 2002 y casi en 20% en 2022.
"Estos cambios a lo largo de los años han repercutido de forma directa en la desigualdad de la riqueza. Lo más preocupante es que el estudio contempla datos hasta 2022, y es probable que en el periodo comprendido entre esa fecha y la actualidad las diferencias entre grandes y pequeños propietarios hayan aumentando todavía más a causa de la inflación de precios en grandes ciudades fruto de la recuperación del mercado inmobiliario"
PISOS TURÍSTICOS
Por otro lado vemos la parte mas abusiva del capitalismo, que es la ocupación del espacio vecinal, sobre todo en el centro de las ciudades, aunque también en barrios obreros: la gentrificación.
La gentrificación se define como transformación de un espacio urbano, normalmente el centro de la ciudad, en proceso de declive; mediante la rehabilitación o reconstrucción de una parte de sus edificaciones. Las construcciones se hacen cada vez más altas y el precio del alquiler y nivel de vida aumenta. Al final, los vecinos que vivían allí se acaban trasladando a otras zonas más baratas, siendo sustituidos por propietarios de mayor poder adquisitivo. La gentrificación se ha dado con especial incidencia en ciudades de España como Madrid y Barcelona.
Normalmente, la gentrificación suele ocurrir en los cascos antiguos, aunque también se puede dar en más zonas urbanas, como las periferias de las ciudades dormitorio. Los efectos se extienden a diversos sectores, como el comercio, el transporte o el nivel de vida, tal y como veremos más adelante.
La gentrificación se ha convertido en un problema bastante real.
El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, a partir de la reconstrucción o rehabilitación por cambios en las dinámicas del mercado y el aumento de la demanda por espacios comerciales y residenciales. A su vez puede derivar de nuevos planes de intervención urbana y arquitectónica dados por entes tanto públicos como privados que buscan impulsar el crecimiento del mercado en la zona de influencia. Usualmente esto puede llegar a inducir a que los residentes tradicionales abandonen el barrio y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este «nuevo» espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que les permita afrontar estos nuevos costes. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turísticoy relevancia económica.
En ocasiones, también se utiliza para analizar esta situación respecto de usos comerciales o de servicios. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales o tiendas pertenecientes a grandes cadenas, relegando a los pequeños negocios. La gentrificación tras realizar los cambios físicos arquitectónicos y urbanísticos puede llegar a generar una serie de transformación en la conformación de la población. Caracterizado por el desplazamiento de un estrato social históricamente propio del sitio por un nuevo estrato superior.
Es un fenómeno netamente urbano y situado en la etapa histórica a pesar de que puedan existir procesos semejantes en otros ámbitos espaciales y temporales.
De esta forma, el proceso guarda similitudes con las nuevas tendencias de determinadas zonas rurales del mundo occidental, donde a medida que desaparece la actividad agrícola se van convirtiendo en sede de actividades turísticas y segundas residencias.
Tampoco conviene confundir el término con los procesos de regeneración urbana que se dieron en los centros de las urbes modernas con el objetivo de sanear la ciudad o incluso crear ensanches para la bueguesía urbana, ya que esto se produce en un contexto histórico y económico diferente, con mayor protagonismo de la administración pública, con un sector inmobiliario privado menos desarrollado y, sobre todo, por ser procesos que contribuyen a crear la configuración de la ciudad capitalista industrial moderna, mientras que el proceso de gentrificación la desmantela
El efecto más notorio de la gentrificación es el desplazamiento de las clases populares.
Las clases populares pueden reducir su número en la zona por el envejecimiento de la población, por las condiciones ruinosas de un edificio, o por terminación de un contrato de alquiler y ausencia de una oferta de alquileres en la zona para este grupo social.
Los desplazamientos voluntarios suelen deberse al rechazo por la situación de degradación del caserío, por el pago de incentivos a cambio de su abandono a inquilinos con contratos blindados, o por la compraventa de la propiedad.
Una vez realizado este desplazamiento, se revaloriza el preciado suelo, comúnmente residencial, a través de la rehabilitación del edificio (recalificado habitualmente como residencia de alto nivel) o de la construcción de viviendas de nueva planta.
A esta expulsión progresiva de la población se le une la incapacidad de los desalojados o de jóvenes emancipados, originarios del barrio, de pagar una vivienda en él, como consecuencia de la revalorización y el aumento de los precios en relación a la vivienda.
Además del desplazamiento y la revalorización del suelo se perciben otros cambios comunes a este tipo de procesos, como la reducción de las tasas de ocupación de la vivienda (menor número de habitantes por vivienda) y la densidad de población de la zona. Asimismo, en zonas donde el alquiler fuera común, se dará una progresiva transformación hacia la modalidad de ocupación en propiedad.
La primera bandada llegó a nuestro país allá por los finales del 2012 y principios del 2013. Venían atraídos por el olor a carroña inmobiliaria y por la existencia de un gobierno al que se le abría la boca y no la cerraba, hablando de neoliberalismo y del mandato de los mercados. Y comenzaron a hacer grandes operaciones, comprando paquetes inmobiliarios a todo el que se los ofrecía y pagando una cuarta o quinta parte de su valor.
Los bancos españoles, que obedeciendo la normativa del BCE , debían deshacerse de activos y préstamos fallidos, para dejar limpios sus balances, encontraron buitres que les solucionaban el problema digiriendo los cadáveres. Y comenzaron a vender. Entonces aprendimos el significado de la palabra “servicers”, las entidades que gestionan las viviendas compradas sacándolos a la venta, o creando socimis para su alquiler.
En un principio todos estaban tímidos y las operaciones no fueron del tamaño de las que se perfilaron y se planean unos años más tardes. Así, en 2013 Sareb vendió una pequeña cartera valorada en 100 millones de euros y compuesta por viviendas y garajes a HIG Capital.
Apollo compró en el 2014 Altamira, la inmobiliaria del Santander por unos 700 millones de euros. También se acercaron a los políticos o tal vez fue al revés, el caso es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, les vendieron su vivienda social y ahora tienen los líos.
Dando ejemplo en esto de alimentar a los buitres comenzó el Santander que, en agosto del pasado año, se deshizo de una cartera de 30.000 millones en activos, procedentes del Popular y que traspasó a Blackstone por una cantidad que podría no superar los 5.000 millones de euros.
BBVA llegó a un acuerdo con Cerberus para crear una sociedad con la que gestionar su ladrillo, en la que el fondo se quedará el 80%, desembolsando 4.000 millones euros. Ladrillo bancario compuesto por algo más de 78.000 activos inmobiliarios con un valor contable de unos 13.000 millones de euros.
Para este año ya hay 31.000 millones de euros en carteras que pueden salir a la venta en los próximos meses. Tal vez la más importante es la del Sabadell, unos 7.500 millones y ya tiene a Blackstone, Cerberus y Lone Star aleteando a su alrededor. Banco Sabadell ha puesto también en marcha la venta de otros dos paquetes de activos problemáticos, con un valor nominal de 3.300 millones.
Así las cosas estamos en un momento en que el 80% de los activos en gestión por los servicers está controlado por 5 entidades: Altamira (Apollo) que poco a poco se va desligando del Santander, sobre todo después de quedarse con la gestión de los activos de Liberbank. Haya y Anida que tras la compra al BBVA está ligadas a Cerberus. Anticipa y Aliseda, que son de Blackstone. Quedan sueltas todavía Servihabitat de la Caixa y Solvia del Sabadell.
Aunque en este último caso los buitres ya están pidiendo que de quedarse con la cartera de 7.500 millones que el banco ha puesto encima de la mesa, vaya acompañada por Solvia. De esta forma la operación sería diáfana. Si Solvia se incluye en el paquete en venta, se incluye a los profesionales que ya manejan los activos.
También parece que Sareb quiere entrar en la misma dinámica, al fijarse en Goldman Sachs con el claro objetivo de vender toda la cartera que administra actualmente Haya Real Estate y que representa cerca de 30.000 millones en préstamos fallidos de la entidad.
Y no hay que perder de vista que en todo este pastel inmobiliario, los buitres que se están repartiendo nuestro país, Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs…tienen prisa por comprar antes de que los precios se fortalezcan y los bancos tienen prisa por vender.
La situación de lo que ha venido sucediendo está muy clara, los fondos se aprovechan de necesidad de los bancos por vender y de la ausencia de normas en nuestro país, que les dejan hacer lo que les parece más conveniente y acaparar el mercado inmobiliario.
Y esta conveniencia será la de disponer, entre todos ellos, de casi 200.000 millones de euros en activos inmobiliarios en nuestro país, cuando finalice el 2018. A lo que habrá que sumar los que gestionen a través de sus servicers. Y con ellos el control del mercado de los alquileres, con las consecuencias que ya vemos están sucediendo. Para especular con cualquier mercancía es necesario controlar el mercado y es lo que ya han conseguido. Con consecuencias demoledoras en Madrid y Barcelona, que poco a poco van extendiendo a otras zonas.
No parece lógico que un bien de primera necesidad y alrededor del cual se vertebra nuestra sociedad, como es la vivienda, quede en mano de unas empresas que no son ni de lejos hermanitas de la caridad y que lo único que buscan es el beneficio de sus accionistas, pase lo que pase y en el menor plazo posible. Y esta es una situación que nos traerá mucho problemas en un futuro cercano, porque la vivienda podría definirse como un bien estratégico para un país, sobre todo si el casero se apropia de más de 500.000 propiedades y pasa a controlar el mercado del alquiler y de la venta.
Si a ello le añadimos que vivimos en una país de políticos papanatas y corruptos, que no ven más allá del interés de su bolsillo y a los que se les llena la boca y el pecho asegurando que son los más liberales del mundo mundial y que el mercado es el rey, con permiso del Borbón, el desastre está asegurado. Y es que no hemos aprendido nada y seguimos viendo la vivienda como un bien con el que se puede especular.
En los primeros años del siglo, la acción de los especuladores locales -en un mercado muy fragmentado- se centraba en la compraventa de activos inmobiliarios a los que, aprovechando la bonanza económica, «daban el pase» cuanto antes, y así causaron el desastre que aún pagamos. Todos tuvimos la culpa, porque de una manera o de otra todos nos aprovechamos. Ahora, con sueldos miserables y pensiones estancadas, el beneficio llega del control del mercado por unos pocos comensales venidos de fuera. Los fondos buitre han aprovechado la crisis para apropiarse de un gran pastel inmobiliario en Europa, pero es en España donde han hincado las garras con más profundidad. Y la complicidad e inacción de los políticos, dejará a una parte de nuestros compatriotas al alcance de sus apetitos, en una clara muestra de terrorismo financiero. Pero eso sí, los responsables de la que se avecina son más patriotas que nadie.
