Investigación y Desarrollo I+D

La ciencia es clave en cualquier país desarrollado que se precie. Menos en España, que sigue siendo diferente. El gran recorte del dinero destinado por el Estado a la investigación en la última década (es decir, lo que empezó podando el Gobierno de Zapatero lo masacró el de Rajoy y el actual nada ha cambiado de los anteriores) evidencia un galopante desprecio por la investigación científica en general y por la oncológica en particular. Y, claro, así nos va. De mal en peor.

 

La cicatería del Ejecutivo no la comparte la Unión Europea, que aporta fondos para que se puedan desarrollar distintos estudios. Si no fuera por ese dinero que concede a Europa, la situación sería todavía más trágica. Voces autorizadas de la ciencia española lamentan que los políticos no valoren la importancia de la investigación. Entre los que cuestionan los tijeretazos dados por el Gobierno central a los proyectos científicos está Mariano Barbacid, uno de los más prestigiosos investigadores españoles en el campo del cáncer.

El exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas manifestó que «en España ha habido, en los últimos diez años, unos recortes salvajes en la financiación pública de la investigación». Barbacid, que sabe de lo que habla, lo pudo decir más alto, pero no más claro. Las declaraciones de ese peso pesado de la investigación científica del cáncer tendrían que haber removido conciencias. Sin embargo, sus palabras fueron como predicar en el desierto. Ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír. La sordera profunda es un mal endémico de los que mandan.

Quitarle dinero a la ciencia es doblemente contraproducente. Por un lado, se impide el desarrollo de líneas de trabajo que podrían dar fruto y, por ejemplo, servir para sacar al mercado fármacos eficaces para curar los tumores. La lucha contra el cáncer es compleja, larga y sin tregua. La única forma de ganar esa guerra es potenciar y financiar las investigaciones. En ese camino deberían ir de la mano las partidas del Estado (cuantas más, mejor) y de las entidades privadas (en forma de mecenazgo). Por otro lado, los recortes en el apartado científico traen consigo un gasto sanitario que podría evitarse, porque pacientes que tendrían la oportunidad de vencer sus enfermedades, merced a los frutos de las investigaciones - al quedar estas inconclusas y sin fondos para completarse-, necesitarán atención médica, consumirán muchos medicamentos e, incluso precisarán ser ingresados en un hospital. O sea, que lo barato saldrá caro. Es necesario un plan nacional para sacar a la investigación del pozo. Y hace falta ya.

La inversión en I+D se estanca en España en el 1,25% del PIB

Un año más,España suspende en innovación. Según los últimos datos del INE, publicados en relación al 2021, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se situó en torno al 1,25% del PIB, apenas una centésima más que en el 2018 y todavía por debajo de los niveles precrisis. El porcentaje está lejos del objetivo del 2% que se había marcado España para el 2020 y todavía más del objetivo del 3% que había fijado la Unión Europea para este mismo año.

Son ratios que se encuentran a medio camino de la media de la Unión Europea, situada en el 2,18 (lejos también del objetivo del 3%) y de países punteros como Israel (4,9%), Corea del Sur (4,5%), Suecia (3,3%) o Japón (3,2%), Alemania (3,1%) o Estados Unidos (2,8%).

En cifras absolutas, España alcanzó su máximo histórico, superando por primera vez los 15.000 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior y por encima de los niveles anteriores a la crisis financiera. Sin embargo, el indicador relevante es el relativo al PIB, ya que muestra si la inversión ha crecido por encima o por debajo del conjunto de su economía.

Las causas que explican el déficit de España son crónicas y largamente denunciadas por los especialistas en el sector. “La innovación tecnológica nunca ha sido una prioridad”. Del total de 15.572 millones de euros, cerca del 44% procedió de financiación pública (el resto fue de empresas privadas), lo que equivale a unos 6.550 millones de euros. Es una cifra que no ha recuperado los niveles precrisis. Lo más grave es, la escasa ejecución de los fondos públicos. En el 2019, el Estado presupuestó 7.070 millones de euros y solo se ejecutaron poco más de la mitad, unos 3.360 millones de euros. “La burocracia y las elevadas condiciones para acceder al crédito hacen que los fondos públicos no sean atractivos para las compañías. Es un fenómeno que lleva sucediendo los últimos años”. En la época de bonanza económica los fondos se atribuían de forma directa, en ayudas y subvenciones, pero tras la crisis financiera, el criterio se cambió en favor de créditos con condiciones exigentes.

En cuanto a este año, la pandemia del coronavirus ha alterado todos los pronósticos. La crisis económica ha dejado con escasos recursos al tejido empresarial para invertir en I+D. También se añade que la caída del PIB de sectores poco innovadores (turismo) puede provocar que, de forma paradójica, aumente la tasa de inversión en I+D.

“Los resultados del 2021 no tendrán validez estadística porque será un ejercicio anormal. En todo caso, España tiene la oportunidad de dar un salto en I+D con los fondos de recuperación europea Next Generation UE”. Se calcula que el Estado tiene un déficit de unos 21.800 millones de euros ya que la economía española debería invertir, a nivel privado y público, unos 37.000 millones de euros para conseguir el objetivo europeo del 3% (y solo invierte 15.000 millones). La situación, sostiene, podría corregirse con “el anunciado incremento del 80% del presupuesto en I+D+I en los nuevos presupuestos generales, con una inversión estimada de 11.483 millones de euros por parte de las administraciones”. Este dinero permitiría movilizar inversión privada hasta llegar a cubrir el déficit de 21.800 millones.

Si estos pronósticos se cumplen, España será capaz de aprobar, al fin, la asignatura pendiente en innovación.

Sanidad

Durante la crisis una de las partidas que más ha sufrido los recortes es la sanidad. Concretamente, las CCAA han reducido un 11,9% de media el gasto destinado a la salud. El recorte del gasto sanitario en la crisis ha sido un hecho y las cifras lo reflejan. En 2021, la factura autonómica destinada a la salud ascendió a 56.746 millones de euros, lo que supone 7.641 millones menos que en 2020. Los recortes comenzaron a notarse en 2010 (con una caída del gasto sanitario del 1,4%), pero fueron más intensos en 2012 y 2013 (-4,8%), Este proceso se producía al tiempo que las CCAA lidiaban con la recesión y con las exigencias de reducir sus déficits. ¿Dónde se ha reducido el gasto?

La disminución del gasto sanitario ha pivotado, en síntesis, sobre cuatro aspectos: las reducciones salariales, la caída de efectivos en las categorías profesionales inferiores, los recortes en el precio de los medicamentos y la práctica eliminación de las inversiones.

Bajadas salariales y menos personal sanitario.

La reducción del gasto de personal se ha sustentado, por una parte, en las rebajas y congelaciones salariales aprobadas por el Gobierno central así como en distintas medidas de control adoptadas por las propias comunidades y, por otra, en la disminución de las plantillas (interinidades, contratos eventuales, jubilación a los 65 años).

Respecto a la reducción de personal "las consecuencias sobre la calidad de la atención sanitaria, listas de espera, etc. son mucho más plausibles, de modo que se pueden detectar con mayor precisión las comunidades donde el impacto de los recortes puede haber sido más negativo".

Fuertes recortes en farmacia: La partida que concentra el mayor ajuste de gasto en términos absolutos es la dedicada a farmacia extrahospitalaria y prótesis y aparatos terapéuticos, que desciende un 22,4%, como resultado principalmente de las medidas adoptadas en el precio regulado de los medicamentos y del menor consumo de recetas, tras el aumento en la participación de los usuarios en el coste de las recetas de farmacia.

Menos atención primaria: La reducción del gasto en la producción pública de servicios sanitarios fue especialmente intensa en los servicios primarios de salud, en los que se registra una caída continuada con un descenso del 16,2%. En la atención hospitalaria y especializada el descenso fue bastante menor (-4,8%), sobre todo por las dificultades para afrontar una estabilización del gasto en consumos intermedios, que de hecho aumentó a lo largo del periodo.

Menos inversión, menos camas: Las medidas de recorte del gasto se han extendido al cierre de consultorios y dispositivos de atención continuada, limitación de horarios en centros de salud, reducción del número de camas, consultas y quirófanos en hospitales, etc. Así por ejemplo, el número de camas en funcionamiento en los hospitales del sistema nacional de salud pasó de 115.418 a 109.484, con una reducción del 5,2%.

¿Se recuperará el gasto tras la crisis?: las medidas adoptadas en estos años de crisis puedan caracterizarse más como simples recortes que como verdaderos ajustes, y que, por tanto, una vez agotado su impacto más inmediato, se ponga de manifiesto su escasa efectividad para mejorar la eficiencia del sistema nacional de salud.

SE RECORTA EN PERSONAL SANITARIO MIENTRAS SE DERROCHA EN CEMENTO: HOSPITAL ZENDAL

Los sobrecostes del Zendal, solo en lo que se refiere a las obras de construcción, ascienden al 149% del total. El edificio sanitario está compuesto por varias naves industriales y puede albergar hasta 1.000 camas y 40 UCIs, aunque carece de habitaciones como tal y quirófanos ya que es un espacio diáfano en el que se comparten los baños y tampoco hay cocinas. Ayuso quiso replicar el hospital improvisado de Ifema, que convirtió en la propaganda de su gestión durante la primera ola, lo que hace una infraestructura que en ningún caso puede asemejarse a un hospital tal y como lo conocemos.

Levantar el edificio situado en el norte de la capital, en Valdebebas, ha supuesto para las arcas públicas 140,1 millones, el 82% del presupuesto. Las empresas que se llevaron a dedo la adjudicación de las obras–sin concurso público ni publicidad– fueron un total de siete, con Ferrovial, Dragados y Constructora San José a la cabeza, que acumulan la mitad del coste de la infraestructura. Estas constructoras acabaron registrando sobrecostes respecto al contrato inicial firmado del 170%.

Los otros 30 millones se han destinado a mobiliario, equipo sanitario, informático o seguridad, entre otros gastos. Solo en mantenimiento de la infraestructura se han gastado ya, en apenas diez meses, 2,6 millones de euros. En la limpieza se han ido otros dos millones. Los desembolsos más llamativos están en el mobiliario y la informática. En el equipamiento para dotar a la sala de prensa, el Gobierno regional gastó 350.000, un contrato que se llevó a dedo El Corte Inglés. Para la llamada “sala de crisis”, un espacio que la consejería de Sanidad asegura que es “polivalente”, fueron a parar otros 323.958 euros. Otro de los escándalos sonados alrededor de las empresas adjudicatarias tiene que ver con el contrato de seguridad. Se lo llevó hasta en dos ocasiones a dedo ARIETE SEGURIDAD por 2,1 millones de euros. En la sociedad figura como administradora única una exconcejala del PP en Alcorcón Silvia Cruz Martín.

Y es que la totalidad de la construcción del Zendal y su puesta en marcha se ha hecho con contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia pública. Es decir, fue el Gobierno de Ayuso el que decidió sin sacar a concurso las licitaciones a qué empresas llamaba para levantar el proyecto. 151 contratos que se licitaron a través de la contratación de emergencia. Otros nueve fueron contratos menores, es decir, cuyo importe no supera los 18.000 euros, IVA incluido y que no están obligados a sacarlos a concurso.

Ayuso pudo acogerse a este tipo de contratación gracias a los estados de alarma decretados por el Gobierno, que tanto ha cuestionado y que ha usado de arma arrojadiza contra Sánchez.

El Gobierno regional también hizo uso de ese método de contratación durante unos meses valle entre julio y septiembre en los que no había estado de alarma argumentando que la urgencia del proyecto por la crisis sanitaria era suficiente justificación, mientras se negaba a contratar más sanitarios.

La infraestructura fue criticada desde su anuncio porque se vieron con escepticismo destinar esos millones a un edificio que dejaría de tener sentido en poco tiempo, mientras había otras urgencias que a día de hoy no han sido subsanadas. El coste de la infraestructura según los datos actuales disponibles, 170,5 millones de euros es, por ejemplo, más del doble de dinero –80 millones– que la presidenta madrileña aseguró que destinaría hace ahora un año a reforzar la Atención Primaria en un plan a tres años. Doce meses después de ese anuncio, los centros de salud siguen esperando un refuerzo que no llega.

Nadie aclara ahora para qué servirá el Zendal cuando acabe la pandemia. Actualmente solo hay 20 pacientes ingresados en planta, el 2% de su capacidad y otros 12 en UCI y 14 en UCRI, según los datos facilitados a esta redacción por parte de la Consejería de Sanidad. La incertidumbre de qué hacer con un edificio que solo su mantenimiento costará varios millones de euros al año, llevó a Ayuso incluso a ofrecérselo a Pedro Sánchez en su reunión bilateral el pasado julio.

Dotarlo de personal durante los últimos meses diez meses obligó a que 1.538 sanitarios dejaran sus hospitales habituales, cuyos centros vieron alterado su funcionamiento a la vez que seguían atendiendo a pacientes Covid. Otro de los proyectos que se pensó es utilizar la infraestructura para los pacientes del hospital de la Paz cuando este empiece a rehabilitarse. Pero la realidad es que sin quirófanos, sin habitaciones, sin cocina y con baños compartidos entre ocho pacientes, el Zendal está lejos de prestar los servicios de un hospital tradicional como el de la Paz, uno de los más grandes de la región.

Educación

Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.

El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.

Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. “Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da”, argumenta. Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis. “La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos”, explica la profesora Jover. “Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad”.

España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación. El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas. La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de “iniciativa social” –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.

Escuela de ricos, escuela de pobres

Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. El reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen “casi en exclusiva” la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado.

¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos.

La Universidad no es ajena

 Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.

En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.

Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.

Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.

En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios. Hoy Isabel Díaz Ayuso está dando becas a las familias con ingresos superiores a 100.000 euros anuales.

De aquellas apuestas, estas pérdidas

 A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: “La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial”.

Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: “Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento”.

En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: “Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población”. Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo.